Abierto por vacaciones
El corro | pedro vicente
El líder autonómico del PSOE, Óscar L ópez, ahora volcado en el «Puro cambio», bautizó el pasado año con el lema «Abierto por vacaciones» una campaña que le mantuvo todo el verano viajando por las nueve provincias de la comunidad. Ese mismo lema puede aplicarse este año a las Cortes de Castilla y León, que han declarado hábiles los meses de julio y agosto, habitualmente reservados a las vacaciones parlamentarias. Está bien que sus señorías los procuradores, aparte de recortarse los sueldos, mejoren su índice de productividad reduciendo también su largo periodo vacacional. En la recta final de la Legislatura ello permitirá avanzar en la tramitación parlamentaria de trece proyectos legislativos, entre ellos el que regula la Renta Garantizada de Ciudadanía, una nueva prestación social emanada del Estatuto de Autonomía que lleva casi un año de retraso sobre la fecha de aprobación a la que se comprometió en su día el presidente de la Junta.
Pero aparte de esta tarea legislativa, en el presente mes de julio deberían cerrarse otros dos asuntos de gran trascendencia que no admiten dilación. Uno de ellos es el Plan de Convergencia Interior correspondiente a la presente anualidad del 2010. Ni el desencuentro entre el PSOE y la Junta acerca de su contenido, ni la confusión existente en torno al compromiso de cofinanciación por parte del Gobierno central sirven de excusa para que hayamos entrado en el segundo semestre del año sin haber concretado las inversiones a llevar a cabo.
De acuerdo con el mandato contenido en el Estatuto de Autonomía, el PCI tiene como objetivo el de corregir los desequilibrios territoriales internos en la comunidad y su elaboración y puesta en marcha compete exclusivamente a la Junta de Castilla y León, que a tal efecto dispone para el presente ejercicio de una consignación presupuestaria de 150 millones de euros. Con consenso o sin consenso, con aportación o sin aportación del Gobierno central, la Junta está obligada por tanto a invertir esos 150 millones en los fines contemplados en el Estatuto. Todo lo demás son excusas para intentar evadir una responsabilidad ineludible. El otro gran asunto que debe sustanciarse este mes es el pretendido acuerdo entre los grupos parlamentarios acerca de las prioridades de gasto en los Presupuestos de la Comunidad para el 2011. Una vez establecido por el presidente de la Junta que dichos Presupuestos descenderán en 1.000 millones de euros respecto a los de este año, priorizar ese gasto es absolutamente fundamental y a la vez relativamente sencillo, habida cuenta del escaso margen de maniobra para la discrecionalidad.
Existiendo acuerdo, como existe, sobre el mantenimiento de los servicios públicos básicos del Estado de Bienestar (Educación, Sanidad, Dependencia, Renta de Ciudadanía etc.), lo demás deberían ser habas contadas. Básicamente, fomento del empleo, apoyo al sector agrario e impulso al desarrollo rural, cooperación con los ayuntamientos e inversión pública productiva. Esperemos que la responsabilidad se imponga y que la proximidad de las elecciones autonómicas (mayo del 2011) no frustre un acuerdo que permita administrar de la forma más provechosa posible la escasez que nos espera.