Kosovo y nosotros

Panorama | antonio papell

Laa sentencia del Tribunal Internacional de La Haya, una institución de Naciones Unidas, sobre Kosovo ha resultado sorprendente para la opinión jurídica internacional porque, si bien se esperaba que el requerimiento serbio de declaración de ilegalidad de la secesión fuese desestimado, se pensaba que la argumentación sería más -˜equilibrada-™ y consideraría que, al tratarse de hechos consumados provocados por una situación de limpieza étnica y una guerra, había que convalidar la independencia porque es imposible dar marcha atrás en la historia. En cambio, el Tribunal ha declarado paladinamente que «el derecho internacional general no contempla prohibiciones sobre las declaraciones de independencia y, por tanto, la declaración de 17 de febrero de 2008 no viola el derecho internacional general». Es ilustrativo recordar que los Estados Unidos nacieron hace dos siglos mediante una secesión. Los nacionalistas españoles que quieran mirarse en ese espejo -algunos ya lo han hecho precipitadamente- deberían sin embargo leer completa la sentencia, ya que, aunque el dictamen no prejuzga si existe o no un derecho a la secesión, «incluso como solución a un conflicto irresoluble», sí reitera la excepcionalidad de la situación que precedió a la secesión kosovar, lo que expresa la voluntad del tribunal de acotar el fallo para impedir su extrapolación automática a otras situaciones. De cualquier modo, debería ser innecesario decir que los independentismos democráticos vasco y catalán, perfectamente legítimos, harían bien en no invocar este modelo, que está vinculado al genocidio serbio que costó 10.000 vidas de albanokosovares y más de un millón de desplazados. El hecho de que los secesionistas hayan escuchado de boca del Tribunal de la Haya que el derecho internacional no entra en el diseño de las fronteras no significa una invocación a la secesión sino el simple reconocimiento de que el Derecho tiene que adaptarse a los acontecimientos. También, por cierto, la política exterior de los países (España, con Rusia, todavía no ha reconocido a Kosovo). Si nuestros secesionistas quieren algún modelo foráneo para inspirarse, ya tienen el de Québec, que ha sido exquisito, tanto por su carácter pacífico cuanto por la altura de la argumentación jurídica en que se ha desenvuelto. Hubo dos referendos de autodeterminación, que perdieron por escaso margen los independentistas. Y ante la eventualidad de un tercero, el entonces primer ministro, Jean Chrétien, sometió el asunto al Tribunal Supremo del Canadá, que en agosto de 1998 emitió un dictamen muy elogiado internacionalmente, que contiene elementos muy valiosos. Entre ellos, la manifestación de que la secesión «unilateral» sólo sería posible si «una clara mayoría» declarara «de forma inequívoca» su deseo de no pertenecer a Canadá. Entre otras razones, porque «Democracia... significa mucho más que el simple gobierno de la mayoría». Es decir, el tribunal exigiría una mayoría cualificada. Además, la sentencia declaraba que la secesión de una provincia «bajo la Constitución» no podía ser adoptada unilateralmente, esto es, sin una negociación con los otros miembros de la Confederación dentro del marco constitucional. En Cataluña ni en Euskadi no existe masa crítica de ciudadanos independentistas para que quepa plantear formalmente un intento de secesión. Y no lo habrá nunca si se hacen bien las cosas.