Una huelga inmoral
Panorama | antonio papell
El derecho constitucional de los trabajadores a la huelga es incuestionable, faltaría más. Sin embargo, los derechos democráticos no son ilimitados: deben armonizarse con los restantes derechos y con los intereses colectivos. Eso es tan obvio que produce rubor tener que recordarlo. Los controladores aéreos, sin embargo, han decidido ya ir a la huelga sin más miramientos porque se consideran maltratados por la Administración. Cuando se escriben estas líneas no se conoce todavía la decisión concreta de su sindicato corporativo, el USCA, al que están afiliados más del 95% de estos profesionales; se sabe sin embargo que será como mínimo una jornada de paro, y poco después del 15 de agosto (como es conocido, según la legislación vigente, la huelga debe declararse con al menos diez días de preaviso). En todo caso, el transporte aéreo sufrirá un grave sobresalto en los próximos días, cuando el negocio turístico está en su apogeo anual. Quizá no recuerden los controladores que estamos aún en el fondo de una gravísima crisis económica, que ha generado 4,6 millones de parados según la última EPA. Y por fortuna, el turismo está registrando un magnífico comportamiento este año, lo que -como atestiguan las cifras del paro registrado- está contribuyendo a mitigar el desastre. Sin embargo, el mero anuncio de una huelga de controladores -de resonancias siniestras en todas partes- genera alarma en este sensible mercado. La posibilidad de un caos aeroportuario, aunque finalmente no se produzca, disuadirá sin duda a muchos potenciales visitantes, que elegirán otros destinos. En otras palabras, la decisión de este pequeño colectivo -unas 2.000 personas-, excelentemente retribuido a pesar del recorte de sus horas extraordinarias, representa un duro golpe contra una industria básica del tejido económico español. Por eso la huelga es sencillamente inmoral.
Difícilmente podrán alegar los controladores algún agravio creíble relacionado con el decreto de febrero que ponía coto a una situación insostenible, en que los propios profesionales organizaban el trabajo a su antojo e incluso graduaban sus retribuciones -”350.000 euros anuales en promedio-” sin apenas injerencia de su empleador, Aena. La dejación de anteriores ministros a este respecto tenía que ser corregida, y eso es lo que está intentando el actual. Sí pueden alegar, quizá, inoportunidad en la promulgación del decreto aprobado el pasado viernes por el que se marcan sus jornadas y descansos cuando se está negociando el convenio colectivo. Pero conviene que recuerden que esta decisión gubernamental fue posterior a una encubierta huelga de celo, provocada por la falsa «enfermedad», súbita y simultánea, de gran número de controladores (la inspección de la Seguridad Social demostró que dos tercios de las bajas eran injustificadas). Así las cosas, el arrojo arrogante de estos tenaces profesionales merece el repudio de toda la opinión pública, cuyo respeto han perdido y que apoyará sin duda de buen grado todas las medidas que se adopten para reducir su exorbitante poder -pueden paralizar el tráfico aéreo-, que no saben administrar. Bien sea la habilitación de controladores militares o la privatización del control aéreo. Cualquier solución razonable antes que seguir en manos de quienes no acaban de entender que cualquier colectivo profesional que presta un servicio público tiene que adaptar mínimamente sus intereses a los de la comunidad