Diario de León
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Panorama | antonio papell

La última sorpresa del tripartito catalán ha sido la resurrección de un viejo decreto, aparcado durante cuatro años, que exigirá tener el nivel C de catalán -la escala es entre el A y el D- a los nuevos profesores universitarios fijos y a los eventuales que deban renovar sus contratos. Lo ha anunciado el consejero de Universidades, el republicano Josep Huguet. No es difícil entender que este requisito étnico -”difícilmente se podrán encontrar argumentos científicos-” en un mundo globalizado y abierto confinará todavía más a la Universidad catalana en la endogamia y en una voluntaria reclusión lingüística, puesto que cerrará el paso, por una razón marginal, a los más brillantes que no dominen el idioma de Cataluña.

A buen seguro que Montilla no se ha convencido todavía de que son el sectarismo, la pérdida del centro político y de la moderación, la exacerbación nacionalista, el abandono de los ingredientes progresistas, los elementos que han contribuido a su descrédito y al del tripartito. Y ante la contundencia de las encuestas, que auguran para el PSC el peor resultado de su historia en las próximas autonómicas y para el tripartito la pérdida sin paliativos del poder, Montilla trata todavía de ganar tiempo, por lo que ha desoído las voces que reclamaban elecciones en octubre. No para intentar ganar, que eso es poco menos que imposible, sino para minimizar la débacle del PSC, de forma que estos malos resultados no lastren el futuro político de ese partido ni las expectativas electorales del socialismo en las generales. Con la ley electoral en la mano, Montilla podría dilatar realmente las elecciones hasta mediados de diciembre pero no es decoroso traspasar la frontera de los cuatro años desde las elecciones anteriores, que tuvieron lugar el 1 de noviembre de 2006, y de ahí que el president se disponga a anunciar la fecha del 21 o -”más probablemente-”del 28 de noviembre para la consulta, que quedará así suficientemente distanciada de la visita del Papa, prevista para el 7 de noviembre. Y este afán por alargar la legislatura todo lo posible tiene dos motivaciones fundamentales: una primera, la esperanza de que avancen los escándalos judiciales que afectan a CiU, tanto en el caso Palau como en el de la corrupción municipal. La presunta evidencia de que el Palau de la Música era un buzón para el cobro de comisiones resucitará sin duda tras la pausa agosteña y, si los jueces actúan con firmeza, desgastará la opción convergente.

La segunda razón del retraso electoral es la confianza en que el rescate del Estatut por el Gobierno central adquirirá visibilidad y mitigará el impacto del recorte estatutario realizado por el Tribunal Constitucional. Esta esperanza es vana porque, aunque se materialicen algunas transferencias y se reforme la ley orgánica del Poder Judicial para proceder a una descentralización mayor de la Justicia, será imposible rescatar los elementos soberanistas de la carta, que fueron los que con toda contundencia arrasó el Tribunal constitucional. El PSC tiene por delante una travesía del desierto ardua y desoladora, pero no saldrá de ella por la vía de la pertinacia en el error. Los socialistas catalanes deben reflexionar sobre la pérdida de identidad que han experimentado y han de recuperar los rasgos ideológicos que lo han caracterizado hasta la irrupción de Maragall en la peligrosa vía del nacionalismo.

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