Diario de León
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Panorama | antonio papell

La clase política española ha dado una vez más prueba de incompetencia al auspiciar el alumbramiento de una reforma laboral timorata e incompleta, apoyada únicamente por el PSOE y aprobada gracias a la abstención del PNV. La necesidad de una reforma laboral de calado, que nos acerque a los países más desarrollados del mundo entre los que pretendemos estar, es un hecho reconocido por casi todos, pese a lo cual ha sido imposible tanto establecer las medidas indispensables para que el cambio fuera lo bastante intenso cuanto conseguir un cierto consenso político que hubiera otorgado a la reforma credibilidad, estabilidad y prestigio. Una vez más, los intereses particulares y electorales de los grupos han primado sobre los generales del país. Zapatero recordó en la entrevista que concedió a una cadena de radio los tres grandes objetivos de la reforma laboral española: ayudar a crear empleo, evitar la destrucción masiva de empleo en las fases descendentes del ciclo económico y favorecer el incremento de la contratación indefinida. Y puso de manifiesto el disparate que representa insistir en mantener un statu quo que ha postrado a España en el lecho de un desempleo que más que duplica el europeo. Alemania, en cambio, con otro modelo de relaciones laborales, y pese a haber perdido con la crisis las mismas horas de trabajo que España en términos relativos, no ha registrado prácticamente un incremento significativo del desempleo gracias al llamado modelo alemán, que permite a las empresas reducir jornada, y a otras peculiaridades del sistema.

La crítica de Zapatero a los sindicatos, suave y solapada, ha ido sin embargo al fondo de la cuestión: la resistencia sindical a la reforma persigue exclusivamente la conservación de una posición privilegiada de los trabajadores que tienen trabajo -”en 2009, cuando la economía española caía a tasas superiores al 4%, los salarios seguían subiendo por encima del 3%-”, sin la menor consideración hacia este 20% largo de trabajadores que se han hundido en el pozo del desempleo. La reforma, claramente insuficiente, resulta sin embargo operativa por dos razones: de un lado, impacta positivamente en los mercados y en la psicología empresarial, lo que tendrá efectos vitalizantes sobre el crecimiento. De otro lado, consigue avances en algunos aspectos importantes: consolida el despido por causas objetivas -”aunque con un lamentable grado de inconcreción que deja las decisiones en manos judiciales-”, extiende el contrato de fomento y afirma la cláusula de descuelgue. Y anuncia nuevas medidas a corto plazo sobre la creación de un fondo para aplicar el modelo austríaco y sobre la reforma de la negociación colectiva.

Infortunadamente, se penaliza la contratación temporal en lugar de implantar el contrato único y se ha avanzado poco hacia la reducción de jornada a la alemana, posibilidad que se reduce a un solo año. Así las cosas, la huelga general del día 29 es injustificable porque sus convocantes pretenden anclar a este país en viejos anacronismos. Es absurdo afirmar que se pretenden recortar derechos laborales cuando la situación es la que es, con casi la cuarta parte de la población sin acceso al derecho al trabajo. De ahí que la mayoría de los ciudadanos -”el 73%, según una encuesta reciente-” haya decidido ya desoír esta absurda convocatoria que, entre otras cosas, es una bofetada en el rostro de los desempleados.

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