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León

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El corro | pedro vicente

Aunque no estaba previsto en la agenda del nuevo curso, el conflicto de la minería se ha colocado en primer plano de los problemas de Castilla y León y abrirá el debate en el pleno con el que el Parlamento autonómico inaugura hoy un nuevo periodo de sesiones. El cierre de filas en defensa del sector no admite discusión dentro de la comunidad. Sólo faltaría. Lo lamentable es que la Junta se haya tenido que emplear a fondo para cerrar la vía de agua abierta por Vidal-Quadras, el eurodiputado del PP que había cuestionado el mantenimiento de las ayudas públicas al carbón nacional. Más lamentable aún teniendo en cuenta que llovía sobre mojado tras aquel desliz del propio Mariano Rajoy. Con lo difícil que de por sí resulta la defensa de la minería española en la Europa de los 25, si encima en Bruselas perciben fisuras o dudas entre los propios españoles, pues apaga y vámonos. Si España debe defender el carácter estratégico del carbón para el abastecimiento energético nacional, Castilla y León debe hacerlo como sector estratégico desde el punto de visto económico y poblacional. Su desaparición sería un golpe letal para comarcas enteras, agudizaría el declive económico (especialmente de la provincia de León) y agravaría aún mas el problema demográfico de esta comunidad autónoma.

Hablando de sectores estratégicos, el que ha dejado de serlo en Castilla y León es el de la remolacha, otrora declarado así por la Junta, que en su momento forzó la presencia de las cajas de ahorro en la empresa Ebro supuestamente para defender ese cultivo y su transformación. Caja España y Caja Duero acaban de deshacerse de sus acciones una vez que la compañía alimentaria vendiera su negocio azucarero a una multinacional británica sin que nadie moviera un dedo para mantener esa participación industrial. Después de su reestructuración, el sector remolachero-azucarero ha quedado reducido a la mitad de lo que era y, lo que es peor, las posibles alternativas agrarias e industriales apenas han paliado esa reducción. Las plantas de biocombustibles no acaban de arrancar y la población activa agraria sigue en caída libre. El agricultor -”no digamos el ganadero-” empieza a ser una especie tan en peligro en extinción como el minero.

En los dos años que llevamos de crisis la Consejería de Economía de la Junta ha dedicado sus mayores esfuerzos al pomposamente llamado sistema financiero de la comunidad autónoma. Los resultados son sobradamente conocidos y no necesitan mayor comentario. Las seis cajas de ahorro de Castilla y León se han disgregado en cuatro operaciones diferentes e incompatibles entre sí. Y en esta situación a fecha de hoy nadie ha despejado la incertidumbre que se cierne sobre Madrigal, la sociedad constituida por esas seis cajas de la comunidad teóricamente para apoyar las inversiones de carácter estratégico. Mientras tanto, la política industrial sigue brillando por su ausencia, salvo que se entienda por tal la promoción a trote y moche de nuevos polígonos industriales que, sin la necesaria gestión para atraer proyectos empresariales, no se ocuparán nunca. Con este panorama, el horizonte que se presenta es tan oscuro como el mismo carbón.