Demagogia, no

E l martes, en la clausura del XIII Congreso de la Empresa Familiar celebrado en Santander, Rajoy hizo referencia a las reformas estructurales necesarias para salir de la crisis económica, pero puso el mayor énfasis en la necesidad de reforma del Estado Autonómico, un discurso hasta ese momento sugerido por distintas fuerzas pero únicamente estructurado por UPyD.

Para Rajoy, es imprescindible «una reforma institucional y administrativa profunda», porque en España, dijo, «tenemos una administración excesiva en la que se solapan los ámbitos de decisión, se multiplica la complejidad y se lastra nuestra capacidad competitiva». El planteamiento no es estrictamente nuevo en el PP: en su programa electoral del 2008, incluyó una ley para garantizara la unidad de mercado, supuestamente rota con el Estatut de Cataluña recién aprobado. Ahora, ha retomado la propuesta con el argumento de que «la fragmentación normativa obliga a una revisión profunda del marco institucional»; es patente en todo caso que la recesión económica ha sacado a la luz las malformaciones de una descentralización que, aunque políticamente apreciada por la opinión pública, presenta disfunciones muy onerosas que no tienen justificación y que no son sostenibles.

Hubiese sido deseable que la racionalización del Estado de las Autonomías hubiera contado con el consenso de las principales fuerzas puesto que es una materia cuasi constituyente; sin embargo, después de la reforma unilateral del Estatuto de Cataluña y del éxito parcial de los recursos interpuestos por el PP ante el Constitucional no será fácil reconducir esta cuestión hacia un gran pacto. De cualquier modo, es éste un terreno abonado para la demagogia, por lo que PP y PSOE, con coordinación o sin ella, deben conciliar la supervivencia del modelo constitucional -es inimaginable una recentralización- con una reforma que abarate costes, evite duplicaciones y desarrolle claramente el principio de subsidiaridad, según el cual las competencias han de atribuirse al escalón administrativo más eficiente y cercano al ciudadano.

En la actualidad, el gasto público está distribuido así: el Gobierno central administra el 21% (el 35% en 1995); las comunidades autónomas, casi el 40% (el 20% en 1995) y los entes locales, el 13% (el 10% en 1985). Sin embargo, la deuda de las regiones, que se ha multiplicado por cuatro en los últimos quince años, apenas llega al 14% de toda la deuda pública, y la de los ayuntamientos no alcanza ni el 3% de la global, correspondiendo el grueso de la deuda -el 83,8%- a la Administración Central. No deberíamos, pues, equivocar los objetivos ni hacer demagogia con las cifras