Carbón y política energética

Q uien pretenda profundizar en el actual problema del carbón, no debiera quedarse en las explicaciones aparentes y obvias, aunque se ofrezcan como enjundiosas y fundadas. Es verdad que el carbón autóctono lo tiene mal, que es más caro que el internacional y que precisa desde hace años ayudas autorizadas por la Unión Europea para compensar la diferencia entre su coste de extracción y el precio del mercado mundial. Pero muchos mayores son las ayudas a la energía solar y al resto de las renovables y no suscitan el encono que el negro mineral.

También es cierto que su combustión genera más gases de efecto invernadero por Kwh producido que otros combustibles fósiles como el gas natural. Pero si esa fuera la razón para dejar de consumirlo en España, con menos de un 15 % de la energía procedente de carbón ¿por qué sigue siendo la base de la generación eléctrica en China o en USA, con más de un 50 % de su energía producida con carbón? Incluso, en Europa, un país tan «verde» como Alemania sigue utilizando el carbón autóctono para generar un porcentaje de su energía tan alto como el nuestro, y con ayudas iguales o superiores a las españolas.

Quizá sea en la comparación con Alemania, donde puede encontrarse la explicación de por qué en nuestro país, el sector eléctrico -tradicional aliado del Gobierno de turno- haya dejado de consumir carbón, oponiéndose a un Real Decreto gubernativo, exponiéndose a sus represalias y suscitando el monumental cabreo de las regiones afectadas.

En aquel país, el sector lo consume sin aspavientos dentro del marco de compromisos que permiten mantener el equilibrio siempre delicado entre el Estado -garante del interés general, la seguridad en el suministro y unas tarifas proporcionadas- y las eléctricas, responsables de voluminosas inversiones estratégicas, para las que exigen seguridad jurídica y económica. En España todo apunta a que ese equilibrio se ha roto y las eléctricas consideran que el Gobierno no ha cumplido sus compromisos. Las razones que les asisten son las siguientes: - La primera y principal es que el Estado no ha resuelto el problema del enorme déficit tarifario -18.000 millones de euros, con un crecimiento de 6.000 más cada año- que vienen afrontando las empresas al verse obligados a comprar toda la energía renovable a precios oficiales excesivos, sin que hasta el momento hayan podido repercutir esos costes en la tarifa que facturan a los consumidores. demás el Estado, aunque avala el déficit, no ha avanzado en su colocación (titulización), con lo que las eléctricas están teniendo serios problemas para la disposición de los fondos afectados.

- La segunda es que, de acuerdo con las previsiones oficiales, las empresas han desarrollado una notable potencia de generación con gas que no se utiliza con la intensidad prevista, debido en buena medida al descontrol de la Administración ante el boom de las renovables. Así, el sector se encuentra con una inversión excesiva en instalaciones de ciclos combinados de gas que no se amortiza de acuerdo con lo previsto y con unos contratos de suministro de gas que deben abonar aún cuando no se consuma (el llamado take or pay ).

- La tercera viene de la mano del posicionamiento del Gobierno en materia de energía nuclear- cierre de las plantas al finalizar el plazo de vida útil- en forma contraria a lo previsto en Alemania o USA. Las eléctricas ven, sin duda, en el menor coste de la energía producida en las centrales amortizadas, una posible compensación de los sobrecostes antes citados, que el Gobierno elimina por posicionamientos ideológicos.

- La cuarta estaría en relación con el incumplimiento del Gobierno en los años 2008 y 2009 respecto de los incentivos previstos para el carbón autóctono - que ahora quieren implementar y que son el objeto del recurso planteado ante los tribunales europeos- probablemente por considerar que en esos años, el precio del carbón internacional era mayor que el autóctono. Así las cosas, todo apunta a que el carbón está resultando ser el pagano de la caótica política energética gubernativa que ha generado un plante de las eléctricas nunca visto en España, ni antes ni durante la democracia.

Que tienen sus razones es evidente: El desastre del déficit tarifario que amenaza financieramente al sector, el descontrol de las renovables, la indefinición respecto a una subida de las tarifas más acorde a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Energía, la infrautilización de sus inversiones en los ciclos combinados con gas, el posicionamiento gubernamental sobre las nucleares y el incumplimiento del Gobierno respecto a los incentivos a la generación con carbón autóctono en los años precedentes, son razones fundadas para un cabreo monumental. Pero es evidente que también a las eléctricas se les ha ido la mano: no consumir carbón puede suponerles una mejora en sus resultados, pero no parece que vaya a ayudarles mucho en el conjunto de la problemática antes aludida y, sin embargo, van a aparecer ante la opinión pública de muchas regiones españolas como culpables e insensibles. Una opinión pública que no termina de entender cómo, si tan mal les van las cosas, siguen proporcionando pingües beneficios a sus accionistas. Parecería lógico que, ante el monumental desastre en que se ha convertido la política energética española, ambas partes- Gobierno y sector eléctrico- se hubiesen puesto manos a la obra colaborando para rehacer el equilibrio. No ha sido así y se han puesto a tirar cada uno de un extremo de la cuerda. Y claro, la cuerda se rompe por el punto más débil: el carbón.