El carbón se la juega en Europa
La Comisión Europea decidirá el próximo día 10 de diciembre si prorroga las ayudas a la minería del carbón hasta el 31 de diciembre del 2018 después de que el pasado 23 de noviembre el 70% de los eurodiputados respaldaran la propuesta (435 votos a favor, 184 en contra y 16 abstenciones) defendida fundamentalmente por España y Alemania. La posición favorable expresada por el Parlamento Europeo no es vinculante y no llega al máximo órgano de decisión de la UE con todas las bendiciones. Hay que recordar que la propia CE ya se manifestó el pasado 20 de julio, y lo hizo con cierta contundencia, a favor de finiquitar la minería deficitaria del carbón el 15 de octubre del 2014. En esa situación será determinante la propuesta liderada por España que pasado mañana deberá cerrar el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) y que básicamente planteará dos cuestiones esenciales: que la minería que no sea competitiva cierre efectivamente el último día del 2018 sin la obligación de devolver las ayudas que haya recibido en los últimos ocho años y que las explotaciones que sean competitivas puedan prorrogar la actividad más allá de esa fecha y sean beneficiarias no ya de ayudas directas a la explotación, pero sí a la formación y a la investigación y el desarrollo. En esas condiciones, Alemania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia garantizarían a España el apoyo suficiente para sacarla adelante, pese a las posiciones inamovibles mostradas hasta ahora por los representantes de Holanda y Dinamarca, cuyos verdaderos intereses se esconden tras la envoltura de una fácil argumentación medioambiental. Holanda capitaliza el mercado del carbón internacional y su interés es el crecimiento del mismo aun a costa de cerrar las minas europeas. Es más, supera a España en seis puntos porcentuales (22% frente al 16%) en generación eléctrica a partir del carbón. Dinamarca alcanza el 48% y no ve en ello un problema para el cambio climático, del que cínicamente culpa a los países productores. Efectivamente, en política cuando las razones que se dan para justificar una decisión son manifiestamente falsas suele ser porque las verdades son inconfesables.