Las pensiones

Esta semana será decisiva para la reforma de las pensiones puesto que tendrá lugar el debate final en el seno del Pacto de Toledo, aunque todo indica que el Gobierno no encontrará demasiados apoyos a la hora de consumar una reforma que viene requerida por la necesidad de devolver al modelo su sostenibilidad a largo plazo. Una sostenibilidad que no se persigue, en realidad, para evitar la quiebra del sistema, que en nuestro caso no es posible, sino para consolidar el estado de bienestar, para ofrecer seguridad jurídica a las generaciones de trabajadores presente y futuras, para mostrar a la comunidad internacional y a los inefables mercados la solidez de un régimen socioeconómico bien construido

En efecto, nuestro sistema de pensiones es de los llamados de reparto, es decir, la recaudación obtenida a partir de las contribuciones de empresarios y trabajadores en cada ejercicio se utiliza para abonar las pensiones llamadas contributivas. El otro modelo, el de capitalización, utilizado en los fondos de pensiones privados y en alguno público, las prestaciones están en función de las aportaciones históricas de cada pensionista

En las últimas décadas, las principales tendencias de la evolución demográfica han sido el incremento de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad. Junto a ellas, se ha producido más recientemente una intensa inmigración de individuos jóvenes, que parece haber alcanzado un punto próximo al de saturación, aunque este extremo nadie puede afirmarlo con certeza. Naturalmente, en tanto la prolongación de la vida humana es una tendencia irreversible, la evolución de los demás parámetros es poco menos que imprevisible, por lo que cualquier reforma que se adopte del sistema de reparto de las pensiones deberá revisarse periódicamente. Todo esto es irrebatible y configura una gran obviedad, por lo que no se entiende que los actores políticos, económicos y sociales que forman parte del Pacto de Toledo se resistan a dar los pasos adecuados, que deberían proceder de simples ecuaciones matemáticas.

Cabría, es evidente, la posibilidad de que el sistema de pensiones fuera mejorado mediante la inyección de recursos presupuestarios públicos, pero de momento la dos grandes fuerzas políticas, PP y PSOE no parecen dispuestas a ello. Por consiguiente, habrá que efectuar los cálculos precisos para garantizar dicha sostenibilidad; cálculos que, inevitablemente, habrán de ofrecer un retraso en la edad de jubilación y una relación más ajustada (menos generosa) entre el plazo de cotización y la prestación final. El Gobierno ya ha anunciado que, ante la incapacidad del Pacto de Toledo por ofrecer propuestas consensuadas, aprobará la reforma de las pensiones el 28 de enero. Resultaría lamentable que los demás actores no acompañaran al Ejecutivo en este empeño que ha de potenciar la imagen de solvencia del país de puertas afuera y que otorgar tranquilidad a los trabajadores de aquí dentro.