Ley del Tabaco, segundo intento
Tras el fracaso de la ley descafeinada aprobada en el 2006, que no consiguió el objetivo primordial que se marcaba de que los españoles fueran abandonando progresivamente el tabaquismo, el 2011 trae bajo el brazo la nueva ley reguladora del consumo de tabaco cuya efectividad está por demostrar pero que tiene asegurada una abundante polémica. En primer lugar, la propia reforma -a sólo cuatro años vista de que entrase en vigor la primera ley- delata una inquietante manera de legislar a golpe de intuición y de improvisación.
La regulación, que será efectiva desde el domingo día 2, es más clara y restrictiva que la anterior y tiene en vilo en León a cinco mil establecimientos de hostelería donde trabajan unas 17.000 personas. Los responsables del sector pronostican pérdidas millonarias pero se da por hecho algo que está por ver: que la tajante prohibición de fumar va a mermar considerablemente su clientela. Unos vaticinios que contrastan con experiencias ya contrastadas como es el caso, entre otros, de Irlanda donde sólo en los primeros meses de la entrada en vigor de la normativa se apreció una significativa caída de las ventas. Luego fueron repuntando y han ido apagándose los lamentos.
Lo que no son vaticinios sino realidades objetivas son las inversiones realizadas, con no poco esfuerzo, por numerosos establecimientos para adaptarlos a la primera de las normativas y que ahora no sirven para nada como no sea para volver a reformarlos, con el consiguiente gasto. El Gobierno se limita a mirar hacia otro lado en este aspecto y hace lo mismo, con unas profundas dosis de cinismo, al mantener una situación que le produce pingües beneficios. Sólo en León las ventas de tabaco sumaron, de enero a noviembre, 115 millones de euros; y el 80% de esa cantidad desorbitante se fue a las arcas del Estado. Eso sí, se asegura que lo esencial es la salud de los españoles. Ojalá sea así y ojalá se consigan los objetivos aún no alcanzados. Pero, para ello, lo que es ineludible es extremar la vigilancia en el cumplimiento de una ley que debería dar frutos positivos a medio plazo.