TC en precario

Pascual Sala es ya presidente de un Tribunal Constitucional con clara mayoría progresista, en el que Eugeni Gay es vicepresidente. Pero la institución está muy lejos de haber recuperado la normalidad. La presidenta saliente del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, denunció en su duro discurso de despedida el comportamiento de la clase política con respecto al Tribunal Constitucional, la institución sin duda más sensible del entramado democrático, de la que depende nada menos que la buena salud del régimen y su acomodación a los grandes principios que nos hemos dado. La legitimidad de origen de los ocho magistrados del TC elegidos por diputados y senadores resulta empañada si las designaciones no se realizan en el momento previsto: de esta forma, «quedan embarradas por todo tipo de cábalas y supuestas negociaciones políticas llevadas a cabo al margen del Parlamento»

Pues bien: pese a esta severa admonición, compartida por gran parte de la opinión pública, el TC sigue cojo. La incapacidad de los dos grandes partidos para conseguir acuerdos ha brindado un espectáculo detestable tras la renovación parcial del TC con los nuevos magistrados elegidos por el Senado -"el expresidente del Supremo José Hernando y los catedráticos Adela Asúa, Luis Ignacio Ortega y Francisco Pérez de los Cobos-", que ha supuesto la marcha de la propia Casas, así como del vicepresidente Guillermo Jiménez y de los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata, y que ha forzado la elección de un nuevo presidente. En efecto, dicha elección se ha producido sin que PP y PSOE hayan sido capaces de renovar la terna que ha de ser elegida por el Congreso, de forma que en el actual TC se mantiene la vacante dejada por García Calvo y hay además tres magistrados con el mandato caducado desde el pasado 7 de noviembre: Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera. Se da, pues, la paradoja de que el recién elegido vicepresidente, Gay, cesará en cuanto se produzca la renovación pendiente. Y el propio Sala deberá poner el cargo a disposición del pleno del tribunal, aunque se cree que tendrá muchas posibilidades de ser reelegido

En teoría, la no renovación de los cuatro magistrados elegidos por el Congreso se debe a un desacuerdo sobre uno de los candidatos propuestos por el PP, Enrique López. Desacuerdo que proviene de un prurito claramente político y no de un diferendo jurídico. Recordaba recientemente Javier Pradera a este respecto que la sentencia 108/1986 del TC relativa a la designación del Consejo General del Poder Judicial advierte de que la exigencia en ciertos casos de una mayoría cualificada de 3/5 significa que la propia lógica del Estado de partidos obliga a mantener ciertas cuestiones al margen del forcejeo entre ellos. Es, pues, indignante, que PP y PSOE nos obsequien sistemáticamente con su penosa incapacidad de mostrar en estos asuntos un mínimo de elegancia y de grandeza