Diario de León
Publicado por
Carmen Flores, presidenta de la Asoación del Defensor del Paciente
León

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H acer una valoración sobre los pormenores de la sanidad en Castilla y León cada vez nos resulta más duro, y nuestro diccionario de adjetivos, sobre el marchamo de carencias y deterioro en el que se encuentra sumida desde hace años, se nos agota en base al número y tipo de reclamaciones que en el Defensor del Paciente recibimos por parte de los pacientes de esta Comunidad. Al hacer pública nuestra Memoria correspondiente al año 2010 hemos podido constatar que Castilla y León, es una de las comunidades más denunciadas de todo el territorio español, la 6ª de las 17 Comunidades Autónomas, con un total de 623 denuncias.

Haciendo un diagnóstico de forma somera del estado de la sanidad en Castilla y León, encontramos: listas de espera bochornosas, manipuladas y sin datos reales; servicios de urgencias colapsados; Atención Primaria degradada y bajo presión; preocupante déficit de especialistas; negligencias médico-sanitarias; etcétera. Centrándonos en las listas de espera, éstas aglutinan un grueso importante de las reclamaciones de los ciudadanos de Castilla y León. A nadie se le escapa que las Listas de Espera son el caballo de batalla de todo sistema sanitario y las cifras se empeñan en corroborarlo todos los años, pero sospechosamente los números se ¡acicalan! Las listas de espera en Castilla y León están politizadas y es la tarjeta de presentación de la Consejería de Salud para hacer campaña electoral.

La realidad en Castilla y León es que un paciente puede aguardar tranquilamente de 6 meses a 3 años para ser intervenido: entre cita con su médico de cabecera, derivación al especialista, práctica de pruebas diagnósticas, cita de nuevo con el especialista para valorar el diagnóstico, inclusión en la lista de espera y transcurso añadido hasta ser llamado para la cirugía. Pues bien, en noviembre del pasado año, en un hospital de esta Comunidad como se produjo un hecho escandaloso que quizás dé respuesta y explicación a nuestras presunciones.

Concretamente en el Hospital Río Hortega de Valladolid, el subdirector médico, envió una circular interna, dando instrucciones a los facultativos para evitar no prescribir intervenciones quirúrgicas de cara a cumplir con el Plan de Reducción de las Listas de Espera. Este hecho es gravísimo, no en vano el cobro de la productividad depende del cumplimiento de los planes de gestión, o lo que es lo mismo, se insta a los facultativos a anteponer sus intereses económicos por encima de la salud de los pacientes. ¡Insólito! Por nuestra parte, hemos puesto el caso en manos de la Fiscalía para apertura de investigación y depuración de responsabilidades.

Pero los peores datos, los podemos encontrar en la Comarca de El Bierzo que es la gran damnificada de toda la Región en este aspecto.

Y es que la asistencia sanitaria en El Bierzo ha llegado a ser deplorable: apremia la ampliación del ratio de cama por habitante en más de 250 camas; Urgencias sobresat uradas teniendo que suspender intervenciones quirúrgicas para poder liberar camas; listas de espera abusivas, etcétera. Por otro lado, la falta de especialistas junto al éxodo de médicos a otras comunidades autónomas, es otro de los males endémicos. Urge un plan de recursos humanos en Castilla y Léon. Además, en este sentido, otro de los problemas es el envejecimiento de la plantilla de especialistas, pues la mayoría superan los 55 años, a lo que hay que sumar que los recortes presupuestarios han frenado la contratación y se ha truncado la oferta a los MIR. De este modo los especialistas que más se precisan por este orden son: pediatras, médicos de familia, anestesistas y ginecólogos.

Lo cierto es que la política sanitaria que está desempeñando la Consejería de Salud, desde hace un tiempo, va encaminada a la financiación del sector privado en detrimento del público, cuando León necesita más quirófanos, más camas, más centros de especialidades y así un largo etcétera. Sobre todo en comarcas como Astorga, Guardo y Cistierna.

Asimismo, Castilla y León es una población muy dispersa. Problemas como ausencia de inversión presupuestaria para atender usuarios desplazados a otras comunidades, localidades que distan una hora o más del centro sanitario más cercano, falta de unidades del 112, ambulancias que acuden sin médico o la falta de transporte para el propio personal sanitario que debe desplazarse en vehículo propio para visita domiciliaria a localidades distantes, están a la orden del día en las necesidades sanitarias de la región. Las ambulancias no llegan a las zonas rurales, por lo que se precisan mecanismos de transporte para el traslado de pacientes a los hospitales de la forma más rápida.

Estas precariedades de los servicios médicos de urgencias lo sufren decenas de poblaciones. En ellas, el problema radica cuando un paciente sufre una dolencia grave a las dos de la madrugada. ¿Quién le lleva al médico? Los medios de emergencia aérea, al igual que el resto son escasos. Los helicópteros de emergencia, afortunada o desafortunadamente, más bien están para los incendios, no para el transporte sanitario.

En definitiva, si la Junta continúa con esta política de gestión tan errática, sin invertir en el sector público y por el contrario abastecer al privado, desafortunadamente la situación irá a peor, por lo que los ciudadanos de la Comunidad pasarán de ser pacientes a ser clientes.

Por último me gustaría añadir que recientemente, parece ser que se ha aprobado la creación de un «Defensor del Paciente de Castilla y León». Sinceramente un Defensor nombrado por la Administración, cuesta creer que sea imparcial y se ponga del lado del paciente cuando tenga razón, además de ser un gasto inútil. Si la Junta no da marcha atrás nos veremos obligados a acudir a los tribunales, com o ya nos ha ocurrido con la Comunidad de Madrid.

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