La reforma de las pensiones

Los ricos no necesitan un sistema de pensiones basado en la solidaridad entre generaciones, ya tienen recursos privados suficientes acumulados para asegurar su vejez. Los sistemas públicos de pensiones forman parte de un contrato social, expresión del grado de solidaridad inter-generacional: los que están trabajando actualmente se hacen cargo de las personas mayores que trabajaron anteriormente. Este sistema público de pensiones ha sido, por tanto, una conquista social de la clase trabajadora, fruto de una decisión política democrática.

Pero los partidarios del neoliberalismo, que exigen privatizar los servicios públicos para hacer de ellos fuente de negocio y mayores beneficios privados aún, financian estudios académicos para justificar ideológicamente que el sistema público está abocado al fracaso y que hay que sustituirlo por uno privado. El principal objetivo de tales informes es avivar el miedo de la ciudadanía a quedarse sin la que es la principal fuente de ingresos durante la jubilación. Porque una de las nuevas líneas de negocio abierta por los bancos tiene que ver con los fondos de pensiones.

Esta forma de negocio se caracteriza porque el banco recoge dinero de diferentes clientes, forma un fondo con ellos e invierte en los mercados financieros en busca de su revalorización. Si ésta se produce se devuelven ganancias financieras al cliente después de que el banco se haya quedado con la mayor parte. Pero el obstáculo principal que enfrentan es la supervivencia del sistema público de pensiones, que desvía hacia el Estado recursos económicos que los bancos buscan para proseguir sus lucrativas actividades económicas. En España los fondos de pensiones privados han pasado de representar un 0-™04% sobre el PIB en 1989, a significar un 8-™39% del PIB en 2009 y quieren que lleguen al 72% de USA o al 79% del Reino Unido. Este es el fondo, la marejada que hay detrás del permanente acoso «al sistema de pensiones público».

Como explica el catedrático de economía Juan Torres, los más interesados en crear alarma sobre el futuro de las pensiones son las entidades financieras, que tienen un gran interés en el debilitamiento (y, si fuera posible, en la eliminación) del sistema público de reparto para, de esta manera, incrementar el espacio de los fondos privados de pensiones. La sostenibilidad del sistema público de pensiones ha sido demostrada en numerosas ocasiones, a pesar de tener que enfrentar un ataque mucho mejor organizado y con más recursos. Incluso el reciente informe de la patronal española, Inverco, titulado El impacto de la crisis económica y financiera en la inversión colectiva y en el ahorro-previsión, elaborado por Analistas Financieros Internacionales, lo deja claro al afirmar que «el sector de las pensiones privadas no crecerá mientras el sistema público siga siendo tan bueno». Mientras tanto, los fondos privados han conocido pérdidas en los últimos años, como consecuencia de la crisis, pérdidas de cerca de un 30% en el conjunto de la OCDE (12,7 billones de euros, el equivalente a 12 veces el PIB de España y el 27% del PIB mundial). No olvidemos que los fondos privados están mayoritariamente vinculados a la evolución de la bolsa, por lo que la amenaza de quiebra sí planea sobre los fondos privados.

El Gobierno, que se ha rendido a los pies de estas instituciones financieras, argumenta que es inevitable aumentar la edad legal de jubilación a los 67 años, porque el aumento de la esperanza de vida hace necesaria la reforma. No es cierto. Es verdad que habrá más pensionistas, pero también es verdad que habrá más cotizantes y con cotizaciones más altas. El problema no es demográfico, sino de voluntad política. Se pueden hacer cotizar los contratos que están en la economía sumergida, se puede evitar que las mujeres ganen un 30% menos que los hombres y, por tanto, coticen menos, se puede elevar el salario mínimo (uno de los más bajos de Europa), se puede hacer cotizar las becas (en su mayor parte son contratos laborales encubiertos) y se pueden elevar las cotizaciones máximas (la base más alta son 3.198 euros/mes; a partir de ahí ya no se cotiza más).

El Gobierno argumenta que el gasto en pensiones es muy alto. No es cierto. En 2011 gastaremos en pensiones contributivas en torno al 10% del PIB. En 2040, el 14%. Hoy hay ya países como Italia que ya gastan ese 14 %. Francia gasta ya el 12%. Nuestras pensiones medias son de las más bajas de Europa y el número de pensionistas comparado con la población también es de los más reducidos. Incluso en períodos de crisis como el actual y con 4,5 millones de parados, la Seguridad Social tiene superávit y el Fondo de reserva está aumentando hasta alcanzar casi los 70.000 millones de euros. El Gobierno de Zapatero argumenta que las medidas que se toman ahora son para consolidar el sistema y garantizar las pensiones del futuro. No es cierto. La realidad es que las medidas que se toman tienen por objetivo reducir las pensiones y así lo expresa el Gobierno en el compromiso contenido en el Plan de Austeridad enviado a la Comisión Europea. El aumento de la edad de jubilación significa que todos cobraríamos dos años menos de pensión, con el consiguiente ahorro (que se estima en un 6%) y el aumento de los años de cómputo para determinar el importe de la pensión, de los actuales 15 años a 20 o 25, significa que todos cobraremos pensiones más bajas (entre un 5 y un 10% menos) porque los salarios más antiguos eran más bajos. Se camina así hacia un modelo asistencial, es decir, unas pensiones públicas mínimas y el resto con complementos de los seguros privados. Además, con la reforma que se anuncia, los jóvenes van a pagar por partida doble o triple. Con la ampliación de la edad de jubilación o de los años para tener derecho a una pensión completa tendrán que trabajar más años. Lo que parece una quimera teniendo en cuenta la edad en que entran a trabajar los jóvenes y la edad en la que están saliendo del mercado de trabajo los mayores. Además, en el mejor de los supuestos, trabajarán más años para cobrar una pensión inferior. En época de crisis y a nivel microeconómico, la ampliación de la vida laboral de los mayores puede taponar el acceso al empleo de los jóvenes. Salvo que por la vía complementaria de la reforma laboral, las empresas despidan a los trabajadores mayores para contratar a los jóvenes, con menores salarios y cargas sociales.