Al servicio de ETA

L os informes que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía han elaborado en torno a «Sortu», la nueva marca con la que ETA pretende presentarse a las próximas elecciones municipales, ponen blanco sobre negro lo que muchos ciudadanos sospechaban: que no es mas que una estratagema de la banda terrorista para poder estar en los próximos comicios y conseguir con ello dos cosas imprescindibles para seguir subsistiendo: dinero y poder.

«El partido político Sortu es una iniciativa que tiene vinculación con lo planteado por ETA y su posterior desarrollo por la estructura dirigente de Batasuna y que ha sido ejecutada bajo su control directo» asegura de forma taxativa el informe elaborado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que el Ministerio del Interior ha remitido a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que sean estos dos organismos los que con ellos soliciten al Tribunal Supremo la ilegalización de la nueva marca de ETA. Además, los informes sostienen que la banda terrorista concertó con Batasuna la vuelta a la política para la consecución de sus objetivos independentistas y para lograr la unión de todos los partidos -el llamado «polo soberanista»- que aspiran a esa independencia de Euskadi.

Vistos los informes policiales, extraña mas el tono comprensivo de las palabras pronunciadas por algunos dirigentes socialistas -Marcelino Iglesias, Patxi López y hasta el propio Zapatero- en las horas posteriores a la presentación por parte de Rufino Etxeberría y de Iñigo Iruin de la nueva marca de ETA. Algunas voces socialistas dieron toda la impresión de que estuvieran deseando esa legalización de «Sortu» casi con más entusiasmo que los propios promotores. Algo en lo que el ministro del Interior fue mucho mas cauto, quizás porque conoce mejor, esa es su obligación, lo que realmente se cuece por dentro en ese mundo sórdido.

A la espera de lo que dictamine el Tribunal Supremo y en su caso el Tribunal Constitucional, todos sabemos que los terroristas tendrán pensado un plan «b» e incluso un plan «c», que bien podía ser intentar colarse en las instituciones en las listas de otros partidos políticos legalizados -ahí está EA- o a través de agrupaciones electorales. Es deber del Gobierno seguir muy vigilante para que eso no ocurra. Porque si ETA lo consigue, estaremos ante una derrota en toda regla del Estado de Derecho. Y sobre todo, porque «Sortu» o cualquier otro intento de disfraz es incompatible con el sistema democrático, ya que el proyecto ideológico que encarna es en si mismo totalitario y está contaminado por un pasado de treinta y tres años de connivencia con la violencia. Treinta y tres años en los que no han condenado ni uno solo de los 858 asesinatos cometidos por ETA.