Tras el carbón, la política
Decía en Bembibre el vicepresidente tercero que «el Gobierno de Zapatero ha sido el que más he hecho por el carbón en toda la democracia». Puede que sea cierto si la prórroga de la actividad hasta el 2018 sirve como argumento. Tan cierto como algo de razón hay en el argumentario una vez y otra repetido desde el PP, casi siempre por boca del consejero Tomás Villanueva, de que el mismo Gobierno podía haber aplicado el decreto que garantizase la vuelta a la actividad en las minas con mucha anterioridad, al menos a partir del momento en el que la Audiencia Nacional primero y el Tribunal Supremo después desestimasen las medidas cautelares solicitadas por las eléctricas, última traba en el ordenamiento jurídico español. Y eso sin esperar el pronunciamiento, previsiblemente favorable y finalmente confirmado esta semana, del Tribunal Europeo de Justicia.
En la tibieza del Ministerio de Industria en este asunto y muy concretamente en la pusilanimidad de su titular, Miguel Sebastián, había una razón para esperar -”evitar una posible reprimenda de la Justicia de la UE si se hubiese retomado la actividad y el dictamen fuese contrario-” que probablemente no tenga tanto valor como las razones para no hacerlo: las de los miles de trabajadores que llevan meses e brazos cruzados y las de unas compañías mineras ahora definitivamente arruinadas. Pero sin duda alguna lo más doloroso es asistir al espectáculo que en las últimas semanas nos han regalado los políticos, desde los silencios muy elocuentes de Mariano Rajoy y Sáenz de Santamaría en sus visitas a León en Ponferrada hasta las demagógicas acusaciones de Óscar López a Feijóo por el veto de la Xunta cuando en realidad es un acuerdo del Parlamento gallego y en la unanimidad de su imposición estaba el PP, claro, pero también el PSOE y el BNG. Con eso y los dardos envenenados lanzados por unos y otros en los dos últimos días atribuyéndose el éxito o reprochándose el fracaso y con unas elecciones autonómicas a la vista y unas generales el próximo año hay que tener un par o ninguna vergüenza política para ir a pedir el voto a quienes durante once meses se les ha negado el aliento.