Incomprensibles limbos legales

El caso del diputado provincial Lupicino Rodrigo, que está siendo investigado por la Junta para dete rminar si ha estado cobrando, sin cumplir los horarios laborales establecidos, por su labor como veterinario de la zona de Sahagún, desvela el limbo legal en el que se mueven aquellas personas en las que coinciden ambas condiciones: la de funcionario de la Administración autonómica y la de cargo público. Un limbo en el que no sólo el citado -que tendría aquí el oneroso papel de cabeza de turco- sino otras muchas personas parecen sentirse a gusto navegando en un suculento silencio cómplice. Bien dice el refrán que hecha la ley hecha la trampa; aquí la -˜trampa-™ sería producto del embrollo, de la dejación de responsabilidades y de la falta de control normativo. Porque la ley, como tantas veces ocurre en este país, está ahí pero otra cosa es que se aplique, que se cumpla. Es decir, un decreto que rige desde el 2000 sigue, por lo que parece, sin cumplirse y sin estar claro en su desarrollo práctico. Causa estupor que haya tenido que mediar la denuncia de un veterinario interino para que los servicios de la Administración autonómica se pongan a la tarea de clarificar qué es lo que puede y no puede cobrar, según la ley vigente, Lupicinio Rodrigo y cuantos se encuentran en una situación semejante. Que el delegado de la Junta reconozca que no es un caso singular, sino que afecta a numerosos cargos públicos de la Junta y que se trabaja para aclarar cómo se debe aplicar la legislación y obrar en consecuencia, no hace sino alimentar el asombro. El ciudadano anónimo que paga con sudor sus impuestos, ese que está férreamente marcado por la Administración, está harto de comprobar que existen dos varas de medir: una muy flexible y la otra muy dura y rígida.

Tampoco se entiende que se aluda a modo de justificación a la contradicción que supone que la Administración central y la local, regulen de diferente modo estos supuestos. Es cierto que esa absurda disparidad de criterios introduce confusión, pero lo que aquí rige es la Administración autonómica y a ella debe atenerse el desarrollo y aplicación de la normativa.