Inaudito

Nunca oído, sorprendente, asombroso. Insoportable, intolerable». No, no crean que es la definición de lo que ha sucedido con los sobresueldos de determinados funcionarios que también han sido elegidos para un cargo público. Se trata de la definición de inaudito que aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero que sirve perfectamente para calificar todo lo que ha sucedido en el caso de los sobresueldos de funcionarios que también son cargos electos.

Intolerable es que haya políticos que sigan ejerciendo como funcionarios y cobren por ello, pero sin acudir a su puesto de trabajo las horas que deberían o alguno sin presentarse en los últimos años. Ahí está el caso de Lázaro García Bayón, a la sazón alcalde de Villaquilambre, que cobra como jefe de informática del Ayuntamiento de León, pero que ni se le ha visto en años ni se le espera. O el último conocido del diputado Lupicinio Rodrigo, que ha habido años en los que sólo ha acudido 48 días a su puesto de trabajo como veterinario de la zona de Sahagún.

Insoportable es que durante años y años las administraciones -"Gobierno, Junta y ayuntamientos-" hayan cerrado los ojos y permitido, con ello, esta práctica que es amoral y raya la ilegalidad.

Asombroso es que algunos de estos funcionarios con cargo público, al verse supuestamente descubiertos, digan que no conocían la norma que les exige cumplir con su trabajo como cargo público, pero sin que éste reste más de lo debido al que están obligados a ejercer como funcionarios. El desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento.

Sorprendente es que desde la Junta de Castilla y León, que es quien a través de la Consejería de Agricultura inició todo esto, se pida ahora perdón y se diga que quizás no se ha actuado bien. Perdón, ¿por qué? ¿Por permitir que haya políticos que cobren dos y hasta tres sueldos? ¿Por no ejercer el control como debería? ¿Por hacer la vista gorda durante años?

Pero, desde luego, lo que nunca se había oído y demuestra el descontrol más absoluto es que se diga ahora, desde la propia Junta, que el Decreto al que apelaron para culpar a Lupicinio Rodrigo y montar todo este lío, su decreto, lleve derogado por una Ley del Estado, es decir de rango superior, desde hace casi 11 años. Y nadie se había dado cuenta. Lo dicho, inaudito.