¿Universidades públicas o privadas?

Sanidad y educación son dos de los pilares esenciales de la sociedad. El talento, qu e no el talante, es lo que debe -o debería- marcar la diferencia. Los mejores, obviando su origen social, han de dirigirnos y no aquellos que más chillan, más trincan o más trepan. Materia prima tenemos, basta comprobar el excelente currículo de los miles de docentes que se esfuerzan en escuelas e institutos y los chavales no son más ni menos borricos que nosotros a sus años. ¿Dónde radica, pues, el problema? Quizás en la esencia misma de la forma, en que para legislar sobre educación se precisa atender a los educadores. Cuestionan algunos el hecho de que en Castilla y León existen demasiadas universidades: cuatro públicas y en número creciente las privadas, por tanto algunas deben apretarse el cinturón y, ya puestos, qué mejor camino que apuntar a las públicas pues, al fin, las otras no dejan de presentarse como negocios.

Y ahí es cuando se empieza a cuestionar su función social, su necesidad, su sola presencia en un mapa, las posibilidades de financiación. No es momento para alegrías, pero tampoco para cargarnos de un plumazo lo que ha costado décadas construir, porque los cambios pueden llegar desde dentro, si la sociedad lo demanda. La Universidad de León ha sabido superar la situación de complejo equilibrio presupuestario con el que se encontró el actual equipo de gobierno de José Ángel Hermida. Partiendo de un desarreglo considerable cuando tomó las riendas el actual rector, León ha sabido remontar el vuelo y presentar en el 2011 unas cuentas que, en sólo tres años, cuadran, como en las familias, y no cantan ópera como en el 2008. Es lo que pasa cuando quienes mandan se ponen las pilas buscando el bien del colectivo en detrimento de los intereses individuales. El resultado no sólo es un presupuesto, sino continuar liderando un modelo educativo que acoja a todos, que a todos beneficie porque cercenar el camino de las universidades públicas, so excusa del déficit puntual de financiación, para facilitar el de las privadas supone acrecentar el abismo que separa a humiliores y potentiores, a ricos y a pobres, aunque todos sean ciudadanos.

El modelo español, como el europeo, debe mantener las partidas destinadas a que quienes no gozan de recursos económicos elevados puedan enviar a sus hijos a las universidades en las mismas condiciones de éxito o fracaso que aquellos que se pueden permitir una costosa privada. La Junta, el Estado, deben empujar en esa dirección para consolidar uno de los puntales de nuestra democracia: el acceso a la educación, a la cultura, pero también exigir cuentas claras y responsabilidades a quienes pilotan desde el timón de estos barcos públicos. La Universidad de León ha sabido dar ejemplo.