Niños robados y prioridades

Una vez que se han decidido a agruparse y a presentar conjuntamente su denuncia ante los juzgados, los afectados por los niños robados deben recibir la ayuda de las Administraciones, no en vano tratan de resolver un gravísimo problema que éstas consintieron durante décadas.

Sin embargo hay dudas sobre la efectividad del procedimiento penal. La presentación de denuncias por desaparición de niños, sirve para investigar aunque ello no implica que en todos los casos existiese delito. En realidad se hace porque la investigación de la Justicia llega mucho más lejos que la privada en cuanto a localizar documentos y testigos. En estos momentos del proceso, ya hay un niño localizado con pruebas de ADN y asimismo un médico «empapelado».

Si empiezan a desfilar por los juzgados, médicos, matronas, capellanes, funcionarios del Registro Civil-¦ ¿ quedan esperanzas de que algún testigo «cante» voluntariamente lo que sucedió ?. ¿ Cuántos curas y monjas, cuántos médicos y matronas «empapelados», van a admitir la Iglesia Católica o los Colegios de Médicos, antes de denunciar una persecución injusta a nivel nacional ? Hay que fomentar algo parecido al «testigo arrepentido» o «testigo protegido». Los padres adoptivos viven. Si por un lado los padres biológicos desean (no en todos los casos) usar la vía judicial, por el otro los padres «legales» deberían movilizarse también. Bastaría con un pronunciamiento claro de la Fiscalía, de no perseguir a los padres que adquirieron hijos irregularmente, digamos hace más de 30 años, para que el registro nacional de adopciones recibiese una lluvia de «revisiones» o de «nuevas inscripciones». Obtendríamos así un listado nuevo de «hijos hallados».

Lo mismo ocurre con los testigos. Si efectivamente los autores materiales de los robos han cometido un delito penal grave, el resto del personal sanitario que fue testigo accidental, o colaboró en las partes administrativas de las adopciones irregulares, podrían «hablar», simplemente con que se declarasen prescritas sus faltas administrativas. El avance de las investigaciones sería notable.

Un Congreso auspiciado por el Estado o por las Universidades, podría lograr el apoyo de los Colegios de Médicos, de la Iglesia Católica, de las Asociaciones de Archiveros, de los laboratorios forenses, etc. para investigar todos juntos en sus archivos y con sus medios, ahora que aún viven padres e hijos biológicos y se pueden conocer.

La investigación debería abrirse a nuevos ámbitos. No olvidemos las implicaciones internacionales del caso: es urgente ponerse en contacto con la Fiscalía portuguesa ya que ahora cobran sentido las «historias» de los años sesenta y setenta, de tráfico de niños por la frontera portuguesa gallega o zamorana. Se ha podido comprobar la existencia de una nueva fuente documental: los libros de bautizos de las Maternidades y Hospicios, cuya consulta requiere la colaboración de la Iglesia. Tampoco hay que olvidar cuatro décadas de denuncias que duermen en los archivos de la Policía y la Guardia Civil sobre niños raptados, especialmente bebés, que podrían estar relacionados con estas tramas. Hasta los archivos de TVE podrían tener su valor (programas como el mítico ¿ Quién sabe dónde ?) y los ingentes fondos del Centro de la Memoria Histórica de Salamanca, donde pueden aparecer antecedentes de una práctica tal vez generalizada. Castigar a los culpables y localizar los niños robados, no son caminos incompatibles, pero si no se logra un equilibrio, perderemos una oportunidad histórica de resolverlo.