Impugnaciones

Después de tantas amenazas, de tantos aspavientos, poniendo en cuestión la lucha antiterrorista a cuenta de la posibilidad de que Bildu se presentara a las elecciones, el PP se queda sin uno de sus argumentos electorales favoritos: «el Gobierno sigue negociando con ETA y la prueba es que va colar las listas contaminadas». Es la teoría de Mayor Oreja y el sector de la extrema derecha del Partido Popular al que en periodo preelectoral hay que cuidar para no perder ningún voto. Pues bien las batallitas verbales de días pasados entre portavoces socialistas, desafortunados y populares, también desafortunados, subiendo el tono de la desconfianza solo han servido para contribuir al hartazgo de la ciudadanía y a satisfacer la estrategia terrorista de crear cizaña entre los demócratas.

El Gobierno ha decidido a la luz de los informes de policía y guardia civil (entre estos unas jugosas conversaciones intervenidas por la Audiencia Nacional entre Arnaldo Otegui y su mujer) impugnar todas las candidaturas presentadas por la coalición Bildu. Como tuvo que recordar el ministro de Justicia la pretensión de Aznar, recogida inexplicablemente por la portavoz María Dolores de Cospedal, de impugnar la coalición es legalmente imposible. La Ley de Partidos, puesta en marcha en tiempos de Aznar con el apoyo del PSOE, no contempla la posibilidad de impugnar coaliciones y eso deberían saberlo tanto Aznar como Cospedal. Antes de hacer indicaciones al gobierno deberían leerse las leyes.

Otra vez, como ya ocurrió con Sortu, será la sala del 61 del Tribunal Supremo l encargada de dictaminar si los argumentos aportados por la fiscalía y la abogacía del Estado tienen base jurídica suficiente para impugnar todas las listas de Bildu. Conviene recordar que en la anterior sentencia sobre la otra «marca» de Batasuna hubo nueve votos a favor de la ilegalización y siete en contra. Es cierto que el último comunicado de la banda terrorista es una prueba más de la estrategia marcada a la ilegalizada Batasuna para que logre estar en las instituciones si o si. Que Bildu como Sortu, según los informes policiales, estaban «contaminados» por la estrategia de la banda. Pero también es verdad que la Constitución es muy escrupulosa con el derecho de los ciudadanos a tener una opción política a la que votar.

La decisión del Supremo puede ser recurrida al Tribunal Constitucional, que tendrá tres días para pronunciarse. A partir de ese momento la sentencia, les guste o no debería ser respetada por todos porque vivimos en un Estado de Derecho. Pero ya verán como vuelve la lucha contra el terrorismo a la campaña electoral.