Los sindicatos ante el 1º de Mayo

E ste 1º de Mayo celebramos el Día Internacional del Trabajo inmersos en un contexto de continuas tensiones financieras, económicas y políticas, que provocan, en los países más vulnerables como el nuestro, mayor destrucción de empleo, disminución de las rentas salariales, deterioro de las condiciones de trabajo y recortes significativos de las prestaciones sociales y de los servicios públicos. A todo ello urge hacer frente con la movilización social para reclamar -porque son posibles- otras políticas de mayor equidad y equilibrio en el reparto de los ajustes. Tal es el significado del estandarte que encabezará las manifestaciones de este día al proclamar: «Empleo con derechos. Contra los recortes sociales».

Ahora bien, ese mismo contexto está siendo aprovechado, aquí y allá, por quienes buscan todavía más beneficios en el río revuelto y lo hacen precisamente tergiversando conceptos de forma bien interesada.

Así, por ejemplo, venimos escuchando que es necesario desvincular la evolución salarial de índices objetivos y ligarla en cambio a algo tan etéreo como la productividad, que nadie o casi nadie se atreve a definir. No cuentan esas mismas voces que, tomando como base 100 la productividad del año 2000 y analizando los datos de productividad por hora trabajada del año 2008 (último del que se disponen datos, según fuentes del INE, Ministerio de Trabajo, INSS e Hispabarómetro), la productividad media en la Unión Europea era de 111,7 y en España de 107,3 (Alemania 109,5 y Dinamarca 102,6). Con la misma frivolidad -Díaz Ferrán dixit- se habla así mismo de la jornada de trabajo y de la oportunidad de incrementarla, desconociendo el reciente informe de la OCDE, Society at a glance, que asegura que los españoles trabajan más horas que los alemanes y sólo tres países europeos, tan diferentes entre sí como Austria, Portugal y Suecia, superan a España en ese ranking. No se trata, entonces, de echarle muchas horas al trabajo, sino de trabajar bien. Para regular uno y otro asunto, productividad y jornada, pero también muchos otros de similar trascendencia, la herramienta más útil no es otra que el convenio colectivo, que debiera merecer algo más de consideración por parte de nuestros empresarios, en particular los de esta provincia, donde tan difícil resultó su negociación el pasado año por causa, curiosamente, de los salarios y de su cláusula de descuelgue, únicas materias en las que se baten el cobre los empresarios de cortos vuelos.

Más empeño deberían emplear, ellos y todos, desde luego, la sociedad en su conjunto, en combatir el que es uno de nuestros mayores males en lo laboral y en lo social: la economía sumergida. Según Cuadernos de Información Económica de la Fundación de las Cajas de Ahorros, más de una quinta parte de la economía nacional entre los años 2005 y 2008 (el 21,5% del PIB) fue sumergida, con un coste recaudatorio del 7% del PIB y un número de empleos sumergidos de unos 4,23 millones de personas. Ése es, junto al desempleo, el auténtico pozo negro de nuestra economía y de nuestros derechos.

Y, en fin, cómo no clamar contra los recortes sociales si, como bien sabemos trabajadores y trabajadoras, su merma supone además renunciar a la idea de lo público como elemento fundamental del avance de las sociedades. Por ese motivo creemos que son un grave error, y nos oponemos a ellas, las prescripciones europeas sobre competitividad y estabilidad financiera, orientadas inequívocamente a la reducción de las prestaciones sociales y de la calidad de los servicios públicos fundamentales y a la reducción del empleo en estos últimos. De tal modo que, en contestación a quienes otorgan toda su confianza al mercado, nosotros decimos que lo que se necesita es más y mejor Estado para asegurar un modelo social justo y equilibrado.

En definitiva, CCOO y UGT volvemos a reclamar en este 1º de mayo que la salida de la crisis debe traducirse en un modelo de crecimiento sostenible, sostenido y duradero basado en la formación, la innovación y la industria, con creación de empleo estable y con derechos, con protección para las personas desempleadas, con igualdad entre mujeres y hombres, entre inmigrantes y autóctonos, con garantías en la seguridad y salud en el trabajo, y con unas condiciones de vida dignas, en las que las pensiones, la educación, la sanidad o la atención a las personas dependientes sean auténticos derechos consolidados.