El gran ajuste

C asi en vísperas electorales, el Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado celebrado el miércoles remarcó los objetivos rigurosos de contención del déficit autonómico y revisó los planes de reequilibrio económico-financiero de las comunidades autónomas de régimen general, cuya aprobación es requisito para que se autorice el endeudamiento correspondiente al ejercicio en curso. De momento, fueron aprobados siete de estos planes, dos comunidades -Madrid y Rioja- no los necesitan por su bajo endeudamiento, y las otras seis comunidades deberán lograr su aprobación en la próxima reunión del Consejo.

La posición de las distintas comunidades de régimen general -la totalidad de ellas salvo el País Vasco y Navarra- es desigual, pero en general todas están afectadas por la reducción de ingresos causada por la crisis; el caso más llamativamente precario es el catalán, ya que el gobierno entrante tras las elecciones autonómicas del año pasado ha tenido que sobrellevar un déficit superior al previsto que obliga al Ejecutivo de Artur Mas a llevar a cabo un drástico recorte que todavía no es suficiente para cuadrar las cuentas: en Sanidad, la reducción es ya del 10%, lo que evidentemente amenaza gravemente la calidad del servicio público. El ahogo de algunas comunidades es de tal magnitud que varias exigen que se les anticipen en todo o en parte los ingresos que provendrán de los fondos de convergencia -de cooperación para las comunidades menos desarrolladas y de competitividad para las más dinámicas- previstos en el vigente modelo de financiación, pero la postura de Economía es inflexible: la liquidación de dichos fondos correspondientes al actual ejercicio habrá de hacerse en 2012. Las apreturas son tan serias que varias comunidades han amenazado con recurrir a los tribunales.

El rigor gubernamental no es gratuito ni arbitrario: la solvencia del Estado español ante la comunidad internacional y en los mercados está supeditada a la buena coordinación interna del modelo cuasi federal que nos hemos dado. El problema estriba en que la supeditación de las haciendas autonómicas al control estatal no está constitucionalizado, lo cual es un factor de incertidumbre. Consecuentemente, el consenso interno en el Consejo de Política Fiscal tiene un gran valor, por lo que habría que desautorizar con toda energía ciertas amenazas de insumisión fiscal que, con toda probabilidad, sólo se emiten como instrumento de presión. Nuestro sistema de financiación autonómica es complejo pero conviene tener ideas claras sobre algunos extremos: en primer lugar, son las comunidades las que sostienen los grandes servicios públicos, sanidad y educación en primer término, por lo que la austeridad en tales partidas tiene que tener límites concretos para no dañar la calidad de las prestaciones. Y en segundo lugar, es preciso llegar al convencimiento de que la autonomía fiscal no es incompatible con la necesaria armonización, sin la cual la marca España perdería gran parte de su valor.