La sentencia

En el largo y penoso debate sobre la participación o no de Bildu en las elecciones del 22 de mayo, desde el no del Supremo al sí del Constitucional, el Gobierno se ha movido entre la obligación de pararle los pies a los enemigos del sistema y la devoción de no ponerle puertas a la participación política. Lo primero le granjeaba la enemiga de un socio parlamentario, el PNV, y lo segundo la del principal partido de la oposición, el PP. Con el fallo del Tribunal Supremo apareció alineado junto al PP y con el del Tribunal Constitucional junto al PNV.

Pero la vuelta de la tortilla en el corto espacio de cuatro días ha generado una colisión institucional de bastante más calado que los habituales procesos de intenciones ajenas que se intercambian los partidos políticos entre sí. Me refiero a la radical discrepancia entre los dos altos tribunales. El máximo órgano jurisdiccional ha sido desautorizado por el supremo guardián de los derechos fundamentales proclamados en la Constitución.

No le quita gravedad el hecho de que haya precedentes. En este caso, el Supremo apuesta por el derecho de la Democracia a defenderse de sus enemigos, mientras que el Constitucional entiende que la amenaza al sistema no está tan acreditada como para sacrificar el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. «Es de lamentar que la sala juzgadora no lo haya entendido así», se lee en el fallo previo que la noche del jueves emitió al otorgar el amparo a una de las once agrupaciones electorales que habían sido anuladas por el Supremo.

Conviene precisar que la mayoría del Supremo contra la participación de Bildu en las elecciones (9 a 7) fue más clara que la del Constitucional (6 a 5) a favor. Y eso desprende una doble e inquietante moraleja. Por un lado, la sensación de que la aplicación de la legalidad depende de una votación incierta, como en un Parlamento. Y por otro, la inevitable referencia a la etiqueta ideológica de cada magistrado que vota, en función del partido político que propuso su nombramiento. Básicamente el PP y el PSOE, según los resultados electorales.

En resumidas cuentas, que ya tenemos otro culebrón. El Tribunal Constitucional y los amigos de ETA entraron de hecho en la campaña electoral coincidiendo con su inicio en la medianoche del jueves. El PP y los nacionalistas vascos, de posiciones contrapuestas en el caso Bildu, ya lo están utilizando. El Gobierno y el PSOE se aferran como clavo ardiendo a las generales de la ley. Es decir, al acatamiento sin más. Pero por mucho que se esfuerce el ministro Caamaño y los dirigentes socialistas apelando al funcionamiento del Estado de Derecho, la luz verde del Tribunal Constitucional a las lista de Bildu es política por los cuatro costados. Al menos en sus consecuencias, empezando por las inmediatas, que son las electorales.