Diario de León
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VICTORIA LAFORA
León

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La salida en tromba de los máximos dirigentes del PP, en una escalada verbal de descalificaciones al Tribunal Constitucional por la sentencia de Bildu, desbordó el viernes todos los límites del respeto institucional. Por la variedad de argumentos, el tono coral y el silencio de Marino Rajoy frente a los despropósitos, se percibió claramente que era una campaña perfectamente orquestada desde la sede del partido en la calle Génova. Se repartió un argumentario y cada dirigente lo utilizó a su manera.

La imagen que pretendían trasmitir los estrategas del PP quedó absolutamente nítida. En el partido de Rajoy conviven desde la derecha más contumaz, representada por Mayor Oreja y Esperanza Aguirre, hasta un centro moderado que encarna el propio líder, dejando a los suyos desbarrar mientras él contiene su santa ira. Así pretenden captar a los votantes de un amplio abanico ideológico; utilizando el terrorismo como arma electoral al igual que vienen haciendo desde el fatídico 11-M. El principal partido de la oposición, el que según las encuestas se va a convertir en Gobierno de la Nación, se lanza, cuando no les da la razón, a desprestigiar al máximo órgano jurisdiccional que vela por una Constitución que nos ampara a todos. A juicio de González Pons «con escolta y buen sueldo, es muy fácil decir que Batasuna se presente y quedar de demócrata mundial». Ese fue su brillante argumento jurídico para criticar la sentencia.

Seguramente al dirigente popular se le haya olvidado que precisamente la defensa de los valores constitucionales le costó la vida a Francisco Tomás y Valiente, uno de los mejores presidentes que ha tenido el alto tribunal, al que unos pistoleros de ETA asesinaron en su despacho de la universidad. Una vez más, la derecha se echa al monte cuando algo no es de su agrado. Quede constancia de que a la firmante le hubiera gustado que las listas de Bildu hubieran sido anuladas, compartiendo la tesis del TS de que la coalición «se ha erigido como un cauce simulado y fraudulento para soslayar la ilegalización y así permitir el acceso de Batasuna/ETA a las instituciones». Pero, el Constitucional ha dicho que no pueden ser excluidos por simples sospechas y solo cabe respetar y acatar su resolución.

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