El Musac, Ando y el principio de legalidad

Es legítimo y comprensible que unos trabajadores se defiendan y recurran a los juzgados cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados pero esa defensa tiene que acompañarse de argumentos bien fundados. En el caso de los seis trabajadores que prestan sus servicios en el Musac, -”que han salido a la palestra criticando que su situación laboral sigue sin estar regularizada pese a su larga vinculación con la actividad del museo-”, las críticas chocan con una situación laboral muy concreta que de ningún modo se puede pasar por alto puesto que es el eje del conflicto. Los trabajadores, encuadrados en el denominado Departamento de Acción Cultural (Deac), pertenecen a la empresa Ando, representada por uno de ellos, Antonio González Chamorro, y a la que hace dos años se adjudicó este servicio por la Fundación Siglo, entidad vinculada a la Consejería de Cultura que gestiona el Musac. El contrato finaliza próximamente por lo que la Fundación ha iniciado la licitación de un nuevo concurso ateniéndose a la normativa que regula estos procesos en el sector público. Es evidente que el contrato -de prestación de servicios- no implicaba que se creara una relación laboral entre el personal y la Fundación Siglo por lo que no parece muy honesta la actitud de la empresa (¿con quién si no se formalizó el contrato?) que debe de someterse -sin buscar privilegios- a los principios de igualdad de trato y de legalidad.