¿Eutanasia?

C omo en el caso de la regulación del aborto, el Estado no es quien para obligar a nadie a asumir una práctica contraria a sus principios o a su voluntad. En la regulación del derecho de los enfermos terminales a morir dignamente, cuyo primer borrador fue estudiado en el último Consejo de Ministros, nadie estará obligado a someterse a tratamientos alternativos. Ni a procesos de sedación encaminados a evitar el sufrimiento.

A sensu contrario, a nadie se privará del derecho a lo uno o a lo otro, en función de lo que decida el paciente o, en su caso, sus representantes legales o familiares. ¿Con qué límites? Los del Código Penal, donde la eutanasia y el suicidio asistido seguirán vigentes como figuras delictivas. Para evitar malentendidos el Gobierno incluso se ha tomado la molestia semántica de excluir el concepto de «muerte digna» a la hora de nombrar el consabido anteproyecto.

En la denominación del Ejecutivo se habla de regular los «Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida». En realidad se trata de proteger la dignidad de las personas en el proceso final de su vida y de garantizar el pleno respeto a su libre decisión. Simplemente eso. Salvo que se introduzcan cambios cuando el proyecto de ley salga del Consejo de Ministros, o en la posterior tramitación parlamentaria, estamos ante una regulación básica de los derechos de los seres humanos con diagnóstico de enfermedades en fase terminal o de agonía.

Con un Zapatero en retirada el Gobierno socialista prefiere no ir más allá. Y mucho menos en vísperas de unas elecciones municipales y autonómicas. Haber planteado en estos momentos una despenalización de la eutanasia o el suicidio asistido hubiera desencadenado unos grados de agresividad suplementaria en sus adversarios políticos. Y no ha querido Zapatero castigar aún más la averiada causa electoral de los socialistas.

Véase cómo el asunto no ha entrado en la campaña electoral. Parece quemar en los argumentarios de los partidos políticos eso de reconocer el derecho de un enfermo terminal a decidir libremente no sólo cómo quiere morir sino cuándo quiere morir. También le ha quemado al Gobierno, que no va tan lejos. Se queda en el derecho a la sedación de enfermos terminales, con expresa renuncia a tratamientos alternativos. O sea, con el consentimiento del paciente, siempre que antes los médicos hayan emitido la confirmación técnica de que, efectivamente, el enfermo se encuentra «en situación terminal o agónica», según dice el borrador. Por hacer exactamente eso que ahora quieren regular los poderes públicos, un ex portavoz del Gobierno del PP calificó de «nazi» a un conocido médico del hospital madrileño de Leganés. Esperemos que no lo haga extensivo a los defensores de un texto con vocación de ley.