La sombra de ETA

Es muy difícil distanciarse de ese discurso de trazo grueso y amplia circulación que sitúa a ETA en las instituciones después de las elecciones del 22 de mayo. A la contra del mismo, a mí me parece que el hecho de que Bildu se haya convertido en la fuerza política con mayor número de concejales en el País Vasco y que vaya a gobernar en casi 100 ayuntamientos es el consabido mal que por bien no venga, según reza el viejo refrán.

El que suscribe reclama para sí el derecho a esperar, de buena fe, que el blanqueo de los amigos de ETA en las urnas del domingo pasado sirva para consolidar su apuesta por las vías pacíficas y democráticas de la participación política en régimen de igualdad, al margen de las ideas, pues las ideas siempre son legítimas si no se imponen por la fuerza.

La coalición Bildu, donde van empotrados quienes durante cuarenta años han sido cómplices o han dedicado una mirada distraída a los crímenes de ETA, obtuvo un cosechón electoral. Más de 300.000 votos en el País Vasco y Navarra. Significa a mi juicio que los votantes, muchos más que cuando tan a menudo nos salpicaba la sangre de las victimas de ETA, se han creído la apuesta de sus amigos políticos y la tregua «permanente, indefinida y verificable» de la propia ETA.

Uno no es que se lo crea o se lo deje de creer, pero aplica la lógica, sobre la base de que los radicales de la llamada izquierda abertzale ya están superconvencidos de que vale la pena hacer política sin el ruido de las armas. Que compensa el silencio de las pistolas y la inactividad de ETA. Por tanto, su éxito en las urnas deberá actuar como elemento de disuasión para que la banda terrorista no vuelva a las andadas.

En el peor de los casos, el sistema no queda indefenso ante sus enemigos. Ese Estado de derecho que ampara la participación política de estos individuos, aunque estén programados para reventarlo, dispone en estos momentos de suficientes resortes legales para que no sea irreversible su vuelta a las instituciones si su comportamiento, no sus ideas, incurre en los supuestos previstos para retirarles el acta. Primero, antes incluso de que la reciban cuando se produzcan los relevos en los ayuntamientos y las Juntas Generales. Y después, aún habiéndola recibido, en aplicación de la llamada «incompatibilidad sobrevenida».

Por tanto, creo que no procede rasgarse las vestiduras ante un retorno de los amigos de ETA a las instituciones por decisión del Tribunal Constitucional. A la vista de la eficacia policial que tiene a ETA contra las cuerdas, o por la tregua unilateral decidida por la banda (lo que importa es que las armas, por una u otra razón se vayan oxidando), el caso es que sus amigos están en las instituciones pero ETA no mata. Sinceramente, es preferible a un escenario donde la expulsión del sistema de sus amigos pudiera darle a ETA el pretexto para volver a las andadas. No hay color.