Sumergidos enla economía B

U n reciente estudio de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, revela el aumento de las actividades no declaradas al fisco, que se ha duplicado en los últimos 25 años, y cifra la economía sumergida en el 24% del PIB, lo que supone más de 31.000 millones de euros de pérdida en la recaudación fiscal anual. Este informe atribuye el incremento de la economía sumergida a motivos fiscales, en gran medida, dado que se ha producido en los últimos años una subida constante de la presión impositiva que soportamos los ciudadanos y los empresarios.

Si nos paramos a pensar en la ingente cantidad de actividades lucrativas que se escapan al control de la administración, la lista se haría interminable pero veamos algunas: trabajos por los que no se paga IVA, actividades comerciales no controladas, taxistas no oficiales, transportes de mercancías no oficiales, trabajos domésticos, cuidado de niños, enfermos o ancianos por personas que no cotizan a la Seguridad Social, camareros, profesores, fontaneros, albañiles, carpinteros que cobran en negro sin emitir factura y, por tanto, sin pagar IVA ni cotizaciones a la Seguridad Social-¦

Para combatir estas y otras actividades de economía irregular, desde el pasado 7 de mayo está en vigor la nueva Ley contra la economía sumergida que da de plazo hasta el 31 de julio a los empresarios que quieran legalizar su situación sin imponerles ninguna sanción. Este tiempo de gracia que concede la ley tendrán que aprovecharlo bien tanto los empresarios ilegales como los trabajadores que estén recibiendo algún tipo de ayuda mientras trabajan sin estar dados de alta en la Seguridad Social porque a partir de esa fecha las sanciones se endurecen, pasando de los 6.251 euros de sanción mínima a 10.000 euros, manteniéndose la máxima en los 187.515 euros.

Desde la perspectiva del CEL, y por tanto de las empresas, las nuevas reglas no deberían tener sólo efectos sancionadores, sino que tendrían que resolver la principal cuestión que preocupa a los empresarios que es la igualdad en la competencia, una de las principales ventajas para los empleadores si la ley tiene éxito. No compite de igual modo en el mercado una compañía que paga a la Seguridad Social por todos sus trabajadores y que emite facturas con el correspondiente IVA que una que recluta a trabajadores sin cotizar por ellos o se abstiene de pagar impuestos.

Sin embargo, a pesar de que la ley puede ser ventajosa desde el punto de vista del saneamiento de situaciones irregulares y del incremento de la recaudación, hay aspectos más controvertidos como el hecho de que se brinden incentivos a las empresas que no han cumplido con las normas, lo que equivale a penalizar a las que sí han cotizado y pagado sus impuestos que son la mayoría. Y otro aspecto con el que no podemos estar de acuerdo es con la recomendación que establece el Reglamento de que sea el propio empresario legal el que ejerza de chivato y denuncie a los colegas que practican actividades económicas en negro. Los empresarios no están para vigilar, acusar o denunciar, para eso están los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los de Hacienda que deberían intensificar su actividad y eficacia en sus actuaciones de vigilancia y control del fraude fiscal y social. Los empresarios están para trabajar y consolidar negocios prósperos que puedan generar empleo y riqueza y son los máximos perjudicados por los piratas que practican la economía sumergida, ya que generan desigualdad y competencia desleal, además de otras consecuencias negativas como las peores condiciones laborales y de todo tipo para los trabajadores irregulares o el efecto de atracción que ejercen estas prácticas sobre la inmigración ilegal y la corrupción.

Los estudios que se han hecho sobre la economía sumergida revelan que los sectores donde más se trabaja en negro son la hostelería, el sector de empleadas del hogar, el profesorado particular y también el sector manufacturero y que si aflorasen todas las actividades de economía irregular, se podría reducir la presión fiscal en 4,5 puntos. Con estos datos sobre la mesa, lo que hay que pedir es un refuerzo de las inspecciones tanto fiscales como laborales que conlleven una vigilancia y control permanente de las actividades al margen de la ley. El hecho de que buen parte de la población española haya visto recortados sus sueldos, prolongada su vida laboral y reducida su pensión exige de las autoridades un plan eficaz de lucha contra las actividades al margen de los cauces oficiales para que no acaben pagando siempre los mismos.

Y en paralelo con esta exigencia, es necesaria también una campaña de concienciación social para conseguir terminar con la lacra de la economía sumergida porque no pagar impuestos o eludir las leyes laborales está todavía aceptado socialmente en España, el país del escaqueo, donde el pillo es casi jaleado por el resto de sus congéneres, cuando lo que en realidad está haciendo es vulnerando la libre competencia, obstaculizando la inversión y frenando el desarrollo económico.