Hora de cambiar el chip

Pese a que el PP dispone de una mayoría más amplia que nunca, la sesión de investidura a la que se someterá el próximo jueves Juan Vicente Herrera no constituye, a diferencia de ocasiones anteriores, un mero trámite parlamentario. Estamos, sin duda, ante el debate de investidura más trascendente en los 28 de historia de esta comunidad autónoma. El motivo no es otro que la crítica situación en que se encuentra el Estado de las Autonomías, que obliga a los gobiernos autonómicos -y desde luego a la Junta de Castilla y León- a adaptar sus políticas a los escasos recursos financieros disponibles. Dicho de otro modo: A las comunidades autónomas -que, sin apenas corresponsabilidad fiscal, han estado viviendo desde su creación muy por encima de sus posibilidades- les ha llegado la hora de administrar la escasez.

El hecho de que entre la investidura del presidente de la Junta y el nombramiento del nuevo gobierno de la comunidad apenas transcurran unas horas hace que la atención se centre más en la identidad de los consejeros que en el contenido del propio debate parlamentario. Y en rigor lo segundo -el equipo de gobierno- no deja de ser más que un medio instrumental al servicio del programa del reelegido presidente de la Junta.

Más allá de los cambios que introduzca Herrera en el Ejecutivo, lo verdaderamente importante son los compromisos que asuma en su discurso-programa de investidura, los objetivos que declara prioritarios y las medidas que anuncia para llevarlos a cabo. Ello en una situación de extrema penuria presupuestaria que hace que la deuda de la comunidad autónoma se haya incrementado en el plazo de un año en más de 40 por ciento. Y como telón de fondo, la inquietante situación financiera de algunos de los servicios públicos esenciales que presta la Administración autonómica, singularmente la Sanidad.

La reducción de la estructura de gobierno y del organigrama de altos cargos de la Junta debería ser tan solo una mínima parte de un plan de ahorro en el gasto público mucho más amplio y decidido. Castilla y León es una de las pocas comunidades autónomas que se mantuvo toda la Legislatura anterior sin reducir el número de consejerías y empresas públicas. Ese recorte ahora resulta obligado (el PP nacional ha limitado a un máximo de diez el número de consejeros en las comunidades que gobierna) y debe de ser todo lo ejemplar que hasta ahora no ha sido. Probablemente, el nuevo y reducido gobierno de Juan Vicente Herrera registre en cuanto a nombres un alto grado de continuidad. Sin embargo, los que sigan van a tener que cambiar el chip y dejar atrás una cultura política imposible ya de mantener en un Estado de las Autonomías abocado a reformular las bases sobre las que se ha desarrollado.