Extremadura

A unque la dirección nacional de IU ha recomendado a los responsables de la organización en Extremadura que revisen su propósito de hacerle el pasillo a la derecha para que gobierne en esta comunidad autónoma, me parece que el asunto no tiene marcha atrás. Los dirigentes extremeños insisten en que la decisión de abstenerse en la investidura del candidato del PP, José Antonio Monago, es irreversible.

Queda planteada así una cuestión de disciplina interna que, de momento, no se ha tratado de resolver con sanciones, como se temía. Cierto. Pero la cuestión disciplinaria sigue planteada en tanto que lo decidido a escala regional contradice el compromiso electoral adquirido por la dirección federal de no facilitar por activa ni por pasiva gobiernos del PP. Hasta el punto de que el propio coordinador general, Cayo Lara, llegó a decir que se excluía de la línea política de la organización federal quienes no asumieran el mencionado compromiso.

El perjudicado será el PSOE, cuyo candidato, Fernández Vara, no podrá repetir como presidente de la comunidad sin el voto de los tres escaños de IU. Lo cual ha rescatado de la memoria socialista la famosa pinza PP-”IU que atenazó al Gobierno de Felipe González a mediados de los años noventa. No hay razón para la semejanza, aunque sólo sea porque entonces fue decidido por la cúpula federal del IU, controlada por Julio Anguita, mientras que ahora es una decisión tomada por las bases en contra del parecer de la cúpula.

En todo caso, no se vulnera ninguna regla a la luz de la normativa democrática. Ni siquiera a la luz de una lógica política perfectamente dinamitada por una practica que de hecho y de derecho ha alumbrado pactos entre partidos de todos los colores. Sobran los ejemplos en la reciente formación del nuevo paisaje político municipal que se deriva de las urnas del 22-”M. En Andalucía, sin ir más lejos, el PP ha permitido 10 alcaldías de IU, mientras que IU ha permitido 27 alcaldías del PP. Una vez roto el principio de la coherencia ideológica o programática, da igual que se trate de un ayuntamiento o una autonomía. Y también da igual el tamaño.

Por tanto, la razón democrática no resulta dañada por la abstención decidida por los tres diputados de IU en la Asamblea regional en la próxima sesión de investidura del presidente de la comunidad si, como parece, no se produce la rectificación pedida por la dirección nacional de IU. No se puede poner en duda la legitimidad de esa decisión. Y eso deja el problema reducido al ámbito interno de la organización que lidera Cayo Lara. Y en cuanto al PSOE, no pasa de ser un ataque de contrariedad causado por la pérdida del último resto de poder autonómico que le quedaba después de la debacle del 22-”M. Por los propios errores socialistas y no por lo que haga o deje de hacer IU.