Sin mapa no hay hoja de ruta

E l Instituto Nacional de Estadística nos ha recordado hace unos días el lacerante problema demográfico que sufre Castilla y León, donde el pasado año hubo 6.316 defunciones más que nacimientos, un saldo negativo sólo superado por la vecina Galicia. A partir de ese dato, y estancada la inmigración a causa de la crisis, esta comunidad autónoma está abocada a seguir perdiendo población, como de hecho ya ocurrió en el último censo oficial. El retroceso demográfico no es además uniforme en las nueve provincias. Se ceba especialmente en León y Zamora, que sufren una verdadera sangría poblacional que nadie acierta a contener. Por el contrario, Valladolid gana población, lo cual es reflejo, entre otras cosas, de los desequilibrios territoriales internos de esta comunidad. El doble problema (poblacional y territorial) está detectado y diagnosticado hace mucho tiempo, sin que se hayan implementado las políticas de choque imprescindibles para combatirlo.

El Plan Oeste aprobado en aquel famoso Consejo de Ministros de julio del 2004 ha sido a la postre el único intento -”en buena medida frustrado-” de atacar el problema. Pese a que buena parte de las inversiones se han materializado, la falta de coordinación ha lastrado los resultados y las expectativas se han visto en gran parte defraudadas.

No menos frustrante ha sido la gestión del Plan de Convergencia Interior de Castilla y León, el instrumento contemplado en el Estatuto de Autonomía precisamente para corregir los desequilibrios territoriales. Sus resultados no han podido ser más decepcionantes. Su puesta en marcha se produjo con total improvisación, sin ninguna planificación que fijara prioridades y estableciera los objetivos concordantes con el mandato estatutario. Si su primera anualidad (2009) fue decepcionante, la segunda ha sido un completo fiasco. Y a fecha de hoy nada sabemos acerca de las inversiones de la tercera anualidad del Plan, el cual ni siquiera fue mencionado por el presidente Herrera en su discurso-programa de investidura.

Tanto la Agenda para la Población como el Plan de Convergencia están condenados a caer en saco roto si no se aborda con urgencia una nueva Ordenación del Territorio en el conjunto de Castilla y León. Y ello conlleva la revisión a fondo del papel de todas las administraciones (ayuntamientos, diputaciones y órganos periféricos de la Junta), a fin de optimizar la suma de todos los recursos mediante nuevos mecanismos de cooperación que propicien las necesarias sinergias. Sin un nuevo mapa territorial de servicios e inversiones, difícilmente puede haber una hoja de ruta. Y si a estas alturas no es capaz de diseñar pronto ese mapa, esta comunidad autónoma tendrá cada vez más difícil justificar su razón de ser.