Diario de León
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antonio papell
León

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U n periódico español resumía así el pasado miércoles el análisis del premier británico, David Cameron, sobre lo que está ocurriendo en los barrios marginales de Londres y de muchas otras ciudades inglesas: a juicio del líder conservador, el estallido no es más que «una explosión de «violencia irracional», que se extiende por un fenómeno de simple «imitación», y está protagonizado por bandas de «rufianes» que serán «derrotados». Se triplica el número de policías en las calles, se ordena a los agentes que empleen tácticas más «robustas» y se persigue a esos «matones» identificándolos con los vídeos de las cámaras de circuito cerrado.

Reducir el incendio de las calles británicas a una cuestión de delincuencia común revela escasa o nula sensibilidad. Porque es fácil de entender, como ha puesto de relieve toda la prensa europea, que lo ocurrido ha sido la consecuencia de varios desencadenantes: en primer lugar, ha intervenido la crisis económica, que ha forzado un gigantesco ajuste que ha acentuado la depauperación de las sociedades urbanas marginales, ha deteriorado los ya no muy potentes servicios públicos y ha incrementado alarmantemente el desempleo; dos, la sensación certera que interiorizan los jóvenes de que no hay expectativas de mejora sino al contrario: el establishment político no es capaz de aportar soluciones; tres, la difícil convivencia en un contexto multicultural muy complejo y mal integrado, que dificulta la adquisición de una verdadera identidad; cuatro, el descrédito de las fuerzas de seguridad, que se han corrompido lamentablemente —las revelaciones del caso Murdoch así lo prueban— y que han mentido con pertinacia en momentos graves, como cuando tuvo lugar la muerte a tiros del brasileño Menezes en la estación de metro de Stockwell tres semanas después de los atentados del 7 de julio de 2005.

Podría ser que en España, con una democracia joven que ha actuado con una inclinación generalmente progresista en sus poco más de treinta años de existencia, hayamos conseguido extender unas redes sociales de solidaridad suficientes para reducir la crisis a términos soportables para la mayoría. Los grandes servicios públicos unidos a un sistema de protección social eficaz y a la pervivencia de un entramado de relaciones familiares protector han mitigado las penalidades de una ciudadanía fuertemente golpeada por el paro y la consiguiente falta de oportunidades. En este país, la derecha es también social. Sabe que la inmensa mayoría de los electores está en el centro y que su exigencia va en la dirección solidaria. No se trata, pues, de hacer proselitismo político en esta hora preelectoral sino de recordar a todos los políticos que debe mantenerse un orden de preferencias si no se quiere correr el riesgo de un estallido como el inglés.

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