Urge un plan para los ayuntamientos

España ha vivido la descentralización hacia las comunidades autonómas y lo ha hecho en base a criterios políticos, sociales, históricos y, por supuesto económicos. Una descentralización que ahora, con la grave crisis económica, muchos están poniendo en duda y los hay, los menos eso sí, que hablan incluso de revertir el camino andado. El debate está en la calle.

Tanto que ha llegado al escenario político. Ahí está el PSOE, que por boca de su candidato Alfredo Pérez Rubalcaba propone la eliminación de las diputaciones. O el PP, que en el otro extremo habla de agrupar y eliminar ayuntamientos. Debajo de ese debate subyace la misma idea: el Estado no puede soportar tanto gasto en administraciones, funcionarios y cargos públicos.

Pero la realidad supera casi siempre cualquier previsión, tal y como demuestra la amenaza que el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, ha lanzado a más de 2.500 ayuntamientos en todo el país —730 en Castilla y León y 65 en la provincia— a los que ha dejado claro que no percibirán un sólo euro de los fondos que les corresponden, vía impuestos del Estado, mientras no presenten sus cuentas del último año perfectamente auditadas. Una advertencia-amenaza que se hace en base a la aplicación de la Ley de Economía Sostenible. Hoy que se habla de techo de gasto público es hora ya de que ese techo llegue a los ayuntamientos, muchos de los cuales han despilfarrado y despilfarran fondos públicos. Dicho esto, no es menos cierto que son los consistorios quienen soportan más competencias impropias, aquellas que no siendo de su jurisdicción deben solventarlas porque así se lo reclaman los ciudadanos, al ser la administración más cercana.

La crisis económica ha desnudado las deficiencias del Estado del Bienestar, pero sobre todo ha dejado claro que se hace necesario una tercera descentralización: la que tiene que ver con los ayuntamientos. Y aquí, una vez más, todos: Gobierno, Comunidades y partidos políticos deben ir de la mano porque urge ya un plan para salvar a los ayuntamientos.