Escuelas Deportivas, un punto de reflexión
La decisión del Ayuntamiento de León de imponer una cuota de 36 euros por la participación de los jóvenes en las actividades de las Escuelas Deportivas Municipales ha desatado una tremenda polvareda política y sobre todo ha descubierto un flanco de ataque de la oposición al equipo de gobierno, al que reiteradamente se le viene exigiendo que cumpla de una vez la promesa de rebajar el IBI un 10%, uno de los soportes argumentales más sólidos de la campaña de Emilio Gutiérrez.
Tras la decisión del gobierno municipal está lógicamente la difícil situación económica del Ayuntamiento, con una deuda acumulada todavía no cuantificada pero que podría superar incluso los 400 millones de euros. En ese contexto se entiende que sea extraordinariamente difícil —imposible incluso— para el equipo de gobierno mantener una actividad especialmente gravosa para sus cuentas pero en la que participan alrededor de seis mil niños y jóvenes de entre 7 y 18 años a los que hasta ahora se les ofertaba la posibilidad, sin coste alguno, de inscribirse en hasta diecinueve disciplinas deportivas.
Les ha faltado a los responsables municipales tacto para manejar este asunto, que hubiese sido laxo de haber precedido a la medida una explicación de las razones por las que la aplica. La ciudadanía, razonable y perfectamente consciente de las dificultades a las que se enfrenta el equipo de gobierno, lo hubiese entendido perfectamente y seguramente también lo hubiese asumido como inevitable. Y les ha faltado también el momento de reflexión necesario para racionalizar la cuestión y concluir en la oportunidad de reglamentar la participación y la aportación mediante normas que sean justas para todos los ciudadanos. No puede hacerse tabla rasa en esta cuestión. No vale el café para todos, porque las situaciones personales y familiares son distintas en cada caso y, en consecuencia, la aportación de cada uno habría de definirse en función de algunas variables determinantes, como la renta familiar, el patrimonio y número de miembros. Eso es coherencia, justicia social y, en fin, una de las bases sobre las que ha de sustentarse lo que llamamos estado de bienestar.