Blindaje contra privatizaciones

Finalmente se canceló el proceso de privatización de Loterías. Ocurrió después de que la vicepresidente del Gobierno, Elena Salgado, dice que no es una operación beneficiosa para el Estado. ¿Cuándo ha dejado de serla? ¿De qué beneficios estamos hablando?

Algunas preguntas que se merecen respuesta. Primera, ¿cuánto dinero del atribuido a la campaña de publicidad de la privatización se ha gastado para nada? Hay que recordar que la creatividad de la publicidad de la privatización y la gestión de medios fue adjudicada, sin concurso público, a dos empresas pertenecientes al holding donde es alto cargo de dirección Miguel Barroso, esposo de la ministra de Defensa, Carme Chacón. Estamos hablando de un presupuesto global de publicidad de más de veinte millones de euros. ¿Nadie va a dar explicaciones por este aparente despilfarro?

Segundo: un gobierno socialista juega con privatizaciones -entre ellas la de la gestión de aeropuertos- en una manifestación de falta de confianza en la capacidad del estado para dirigir empresas estratégicas. ¿De verdad es buen negocio para los ciudadanos vender empresas del estado a socios particulares? ¿Cuál es el beneficio? ¿Una recaudación instantánea y la pérdida de propiedad pública?

En último lugar, si se ha hecho una reforma constitucional para limitar el déficit público, no debiera blindarse el Estado frente a los gobiernos para impedir que enajenen el patrimonio público con privatizaciones. ¿No debieran tener control los ciudadanos sobre los bienes públicos que con tanta alegría se venden a quienes tantas veces se han hecho ricos con la privatización de empresas públicas?

¿Nadie le va a preguntar al Gobierno por la pifia de la interrumpida privatización de Loterías y sobre la relación de Miguel Barroso, ex secretario de estado de comunicación, con la adjudicación de esas millonarias campañas de publicidad que no han servido para nada?