Una burocracia que sale muy cara

La falta de agilidad de las administraciones y el exceso de organismos —consejos, entes, empresas públicas, institutos y un largo etcétera— tienen un coste importante para los ciudadanos que en ocasiones se hace muy evidente. Y eso ocurrió ayer cuando se conoció que en el Ministerio de Industria se han quedado aparcados por falta de diligencia un paquete de inversiones para la provincia de León que suman 30 millones de euros. Una cifra realmente importante y más cuando se trata de fondos mineros de esos que siempre llegan cargados de retrasos y que deberían haber paliado a lo largo de los últimos años la sangría de empleo y población que ha generado la minería en las comarcas leonesas.

El secretario de Estado de Industria abandonó el cargo sin firmar esa serie de inversiones y ahora los expedientes se verán sumidos de nuevo en el enreversado y tortuoso camino burocrático que tendrán que volver a recorrer antes de su aprobación definitiva para que se hagan efectivos.

Algo falla en la administración cuando no existe una diligencia en los gestores públicos que a lo ojos de la ciudadanía se plantea como imprescindible para que las acciones de gobierno que se anuncian a bombo y platillo se hagan realidad en unos tiempos y condiciones que sean, al menos, razonables.

El anterior ministro Miguel Sebastián había comprometido en una visita a la provincia que esos fondos no tendrían ningún problema pero al final ha dejado la cartera y no se han desbloqueado.

El otro frente sobre la mala gestión de las administraciones llegó ayer desde el Ayuntamiento de León, donde fue liquidada la Sociedad Mixta de Turismo. De nuevo un órgano creado de manera arbitraria que sólo servía para generar gasto estéril y que se solapaba con otro, el Patronato Provincial de Turismo. Y es que el exceso de burocracia sale muy caro.