Impunidad

Ayer comenzó el primer juicio al ex presidente balear Jaume Matas por pagos fraudulentos, el mismo día en el que se conoció que el ex director de Empleo de la Junta andaluza gastaba el dinero de los ERE en cocaína y bares de copas junto a su chófer.

Son dos ejemplos del despilfarro y del gasto ilegítimo que han invadido la administraciones españolas. Ahora que en muchas instituciones ya no hay ni para las nóminas se ha empezado a mirar sin reparos en el cajón y aparecen asuntos vergonzantes como setas cuando sí le da por llover. En la provincia tenemos experiencias de despilfarros en Valderas o Cacabelos que producen sonrojo, pero todo apunta a que el mal está mucho más extendido de lo que parece, aunque en otros lugares donde no se ha producido un cambio de gobierno la cosa está más callada.

El gasto público desmedido ha sido de tal calibre que resulta sonrojante oír a los defensores del keynasianismo reclamar sin pudor más gasto público en un puro ejercicio de cinismo y demagogia porque es como escuchar a Groucho Marx seguir gritando lo de «más madera» cuando en el tren ya no queda nada que quemar y sólo la pura inercia lo mantiene en movimiento. Y es que Groucho mira al frente desde su máquina —toda ella de metal— sin observar que ya ni siquiera hay donde resguardarse en los vagones.

El déficit de las administraciones españolas es inasumible. Es una herencia envenenada para las próximas generaciones que atenaza cualquier atisbo de recuperación. Ahora es pura demagogia pedir más gasto. Hay que gastar lo que hay y lo que es realmente importante, gastar bien.

Subir impuestos está claro que no es la solución para que el tren pueda volver a coger velocidad. Pero tampoco vale permanecer en el engaño y hace falta un análisis realista de la situación, y meter no la tijera, el hacha. Y también reformas para que no exista esa sensación de impunidad cuando se observa los descalabros generados por los gestores de lo público.

En la democracia española mandan los partidos. Sus listas cerradas o sus reformas legales para controlar todo tipo de instituciones —incluidas las cajas— les han dado un poder casi absoluto. En materia de recortes también ahí habría mucho que podar. Lo complicado es que los que tienen la tijera tendrían que recortarse a sí mismos.