Penita, pena

Cristóbal Montoro amenazó con castigar por la vía penal a los gestores públicos que incurran en déficit muy por encima del comprometido. «A través de la Ley de Transparencia vamos a exigir responsabilidades penales», dijo contundente el ministro en una entrevista radiofónica y se levantó la polvareda. No es el primero que lo hace: la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ya advirtió de que caería el peso de la ley sobre todo administrador que gaste más de lo que ingrese. Y otros compañeros se han encargado de enmendar, por elevación, a Montoro. El presidente popular de Extremadura, José Antonio Monago, fue un paso más allá para proponer que las exigencias tuvieran carácter retroactivo, algo que dinamita la mínima seguridad jurídica exigible en un Estado de Derecho, en donde no se puede castigar a alguien por una acción que en el momento de ejecutarla no era delito. Antonio Basagoiti habló de que estos gestores dilapidadores respondiesen incluso con su patrimonio, que se nos antoja corto teniendo en cuenta algunos desmanes vistos en los últimos tiempos. No hay patrimonio que pueda hacer frente, por ejemplo, a un aeropuerto perfectamente inútil.

Si lo de Montoro es una idea firme, no es una entrevista periodística el ámbito en el que lanzarla. Si es una ocurrencia, como se le ha reprochado desde la oposición, parece evidente que con tantos frentes abiertos como tiene el gobierno no es necesario abonarlo con un globo sonda más. Gastar más de lo que se dispone no es un delito, y si el gobierno considera que lo es, no es a través de la Ley de Transparencia, sino en la modificación del Código Penal en donde debe trabajar, porque resulta imposible que pueda haber una imputación penal si no existe un delito tipificado.

Por el contrario, parecería absurdo constitucionalizar el precepto de estabilidad presupuestaria, como se hizo en los estertores de la anterior legislatura, y no pedir después responsabilidades acordes con ese supremo mandato. Pero esas exigencias han de ser políticas, y deberían empezar, por ejemplo, por no incluir en las listas electorales ni situar al frente de instituciones a políticos imputados o al borde del banquillo por actuaciones que, esas sí, están tipificadas como delito. En esa materia algunos, pero especialmente el partido de Cristóbal Montoro, tienen mucho campo para trabajar a la vista de los acontecimientos. Los pasajeros del Costa Concordia y los familiares de las víctimas buscarán ahora el castigo penal del capitán imprudente y cobarde, pero habrían preferido que no hubiera estado en el puente de mando en día del naufragio.