Cuatro malas cifras y alguna expectativa

León alcanzaba la semana que acaba de terminar su récord histórico de paro con 42.369 desocupados y, en relación con ese mismo problema, este periódico publica hoy que 665 empresas de la provincia se han sometido a expedientes de regulación de empleo por la crisis. Entre una y otra cifra se pasaba inadvertida por la magnitud de la primera una tercera no menos preocupante: la provincia perdió sólo en ese mismo mes de enero 298 autónomos, pocos menos que la suma de los que se rindieron a lo largo de todo el año pasado (336) y que elevan a 3.082 los que vieron frustrada se iniciativa empresarial en los tres últimos años.

Guardan relación estos problemas con otro: el 23,3% del PIB se oculta al fisco. Vamos, que no sólo somos los campeones del desempleo si no también del fraude fiscal, si bien también es cierto que la economía sumergida es la que ha permitido la subsistencia de cinco millones de parados y que el país no se echara a la calle.

Casi al mismo tiempo que se conocían esas cifras, el Gobierno aprobaba una reforma financiera que, como primer objetivo, debería permitir la recuperación del flujo de crédito a las familias y pequeñas empresas. Precisamente la falta de ese crédito bancario —que viene a ser la consecuencia del anterior aumento del endeudamiento por la abundancia de liquidez en pleno boom inmobiliario y causa también, además de consecuencia, del decrecimiento y el desempleo— coloca a las empresas ante la necesidad de encontrar financiación alternativa, a riesgo de no sobrevivir en unos casos, demasiados a la vista de esas cifras, y de no seguir desarrollándose en muchos otros. Pero recuperarlo no será posible sin una mejora de la credibilidad de las entidades para financiarse y que de inmediato se refleje en la puesta a disposición de familias, pymes y autónomos de dinero que permita relanzar su actividad, esencial en la economía y el desarrollo de esta provincia.