No podemos mirar a otro lado...

El Partido Popular utilizó la crisis para quitarle el poder al PSOE, y ahora está utilizando la crisis para quitarnos bienestar a los ciudadanos. Herrera y Rajoy prometieron que no iban a subir los impuestos y que iban a «blindar» los servicios públicos del estado del bienestar. Y ahora, han subido los impuestos por sorpresa y de forma injusta, y están recortando mucho más los servicios públicos, a los que presentan como principal causa del déficit.

Por esta razón, hoy nos encontramos ante un falso debate sobre la viabilidad de los servicios públicos, y en concreto sobre la sanidad. Un debate promovido por el Partido Popular con claras pretensiones privatizadoras; un debate que se basa en la reiteración de tres señuelos:

El sistema público, universal y gratuito de salud es insostenible. España no se puede permitir tanto gasto en sanidad.

La liberalización o privatización, total o parcial, de las prestaciones sanitarias es inevitable, y además, esta medida supondrá un gran ahorro a las arcas públicas.

La culpa es de los socialistas, y ahora todos debemos aceptar recortes más duros en las prestaciones sanitarias o en los sueldos de los trabajadores, y privatizaciones de servicios al amparo del repetido eufemismo de la «necesaria cooperación publico-privada».

Sin embargo, no por mucho repetirlos estos tres argumentos dejarán de ser engañosos. En primer lugar, nuestro sistema público de salud es eficaz, eficiente y altamente valorado por la sociedad. El esfuerzo inversor que realiza España en su sanidad está ligeramente por debajo de la media de los 34 países de la Ocde. Si hacemos la comparación con la Europa del euro, el gasto sanitario público per cápita de España se sitúa en 1.673 euros frente al promedio europeo, que se eleva a 2.103 euros. Y por lo que se refiere a Castilla y León, nuestra Comunidad se sitúa en la media nacional en cuanto a gasto por persona y año. No hay, por tanto, ni lujos ni derroches que justifiquen los recortes del Partido Popular en nuestro sistema sanitario público.

En segundo lugar, el mito de la mayor eficiencia del sector privado no resiste la comparación con la realidad, al menos por lo que afecta a la sanidad. Por ejemplo, Holanda dedicaba en el 2006 el 9,8% de su PIB a la atención sanitaria tanto pública como privada (tres décimas más que España, si se suma al 6,5% del sector público otro 3% del privado). Aquel año, el Gobierno holandés estableció el seguro sanitario privado obligatorio para toda la población, y la consecuencia ha sido que, hoy, el gasto sanitario de Holanda se ha disparado hasta el 12% de su PIB, un porcentaje sólo superado en la Ocde por Estados Unidos, donde el gasto, en su mayoría privado, se eleva al 17,4% del PIB.

La privatización no es sinónimo de ahorro ni de mejor gestión. Baste con dos ejemplos al respecto, sin salir de nuestra Comunidad: El hospital de Burgos, que ha construido la iniciativa privada por encargo del Gobierno de Herrera, ha supuesto un sobrecoste de 135 millones, un 55% más de lo previsto y además, dos años de retraso. Otro ejemplo de mala gestión en Castilla y León son los casi 800.000 euros anuales derivados al sector privado para atender a pacientes de cáncer de Ávila en clínicas privadas de Madrid, Talavera y Valladolid, ya que Ávila no dispone de radioterapia. (Un equipo completo e instalado no supera los 2 millones de euros).

En tercer lugar, echar la culpa a los socialistas es tan falso como demagógico. Desde el 2004, los gobiernos socialistas han aumentado un 20% la inversión en sanidad y han aportado 12.500 millones de euros de financiación extraordinaria a las comunidades autónomas. Y además, los gobiernos socialistas han hecho tres cosas muy importantes: racionalizar el gasto sanitario y farmacéutico, lo que supone un ahorro para las Comunidades de unos 6.000 millones de euros al año; Poner en marcha medidas que han mejorado como nunca la salud de todos nosotros donde cabe destacar la reducción de la mortalidad por tabaquismo y accidentes de tráfico, que son las medidas concretas que han salvado más vidas en nuestra reciente historia democrática; y por último, aprobar la leyes de gran trascendencia como la Ley de Salud Pública y culminar la universalización del sistema nacional de salud, que garantizan la cobertura del sistema sanitario público a toda la población española en condiciones de igualdad.

Nuestro sistema sanitario puede seguir mejorando en la gestión del gasto y debe mejorar aún más la financiación pública por la vía de los ingresos. Hasta ahora, el Gobierno de Herrera, al igual que otros gobiernos autonómicos del Partido Popular, han cargado la mano sobre el aumento de jornada del personal sanitario, reducciones salariales, limitación de sustituciones, el aumento de las tasas y la restricción de las prestaciones, y además han subido los impuestos y han creado otros, como el mal llamado céntimo sanitario —que, en realidad, son 4,8 céntimos por litro de combustible— con lo que aumentan la presión fiscal sobre todos, pero sin exigir más a los patrimonios, herencias y rentas más altas.

Los socialistas hemos planteado una alternativa fiscal más progresiva y más justa, que exige más a los más ricos y rebaja la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras, y por otra parte, hemos propuesto un plan de mejora de la calidad del sistema sanitario de Castilla y León. El Plan contiene las líneas básicas para racionalizar el gasto y mejorar la gestión de nuestro sistema sanitario con dos objetivos fundamentales: evitar el copago y los recortes en las prestaciones. El Plan supondría mejorar significativamente el gasto provocando cuantiosos excedentes cercanos a los 1.000 millones de euros, lo que equivale a más de la cuarta parte del presupuesto anual de la Consejería de Sanidad.

Hace días, el consejero de Sanidad hizo pública una carta para explicar las razones por las que la Junta había decidido subir impuestos, aumentar la jornada laboral y mantener congeladas sus retribuciones. «No podemos cerrar los ojos y mirar a otro lado», decía el consejero. Y yo le digo que debiera abrir los ojos a la autocrítica, a la descoordinación entre Atención Primaria y Especializada, a los recursos mal gestionados, a la política farmacéutica, a las propuestas de la oposición y a las reivindicaciones de sus trabajadores, y que puede mirar a Herrera y a Rajoy para dejar claro que la sanidad no necesita más recortes sino más recursos, para igualarnos con el gasto sanitario medio de la Unión Europea y garantizar la sanidad pública, universal, gratuita y de calidad para hoy y para mañana, como derecho de toda la ciudadanía.