Reforma pero con anestesia

La reforma laboral ya está aquí. Independientemente de su contenido, que ya se verá si sirve para crear empleo como dice la patronal, o solo para generar despidos como advierten los sindicatos, cabe reconocer al Gobierno dos cosas: la primera que se haya atrevido a tocar el tabú de los 45 días por año trabajado en las indemnizaciones, y la segunda, que el decreto se tramite vía parlamentaria, aún con mayoría absoluta. Será bueno saber qué dice Convergencia i Unió, el PNV, Coalición Canaria, y Rosa Díez, por ejemplo. Es hora de retratarse. Y también de pulir y mejorar el decreto, que se puede.

La patronal no quiso llegar a un acuerdo con los sindicatos esperando a que el Gobierno de Rajoy le hiciera el trabajo. Los sindicatos también evitaron pactos. Ahora medirán en la calle la temperatura, el día 19, para ver si convocan huelga general. Veremos, porque la opinión pública, con la crisis, está recibiendo formación acelerada para elegir entre lo malo y lo peor. El Gran Wyoming lo expresó muy bien hace tres días en su programa con una encuesta callejera: «¿Prefiere que le corten las dos piernas o solo una?. Elija»

El Gobierno no se ha atrevido con los funcionarios. No vale exhibir que se podrán aplicar Eres a los contratados de la Administración porque suelen ser los que pagan el pato. Léase al revés: no se ha afrontado que un funcionario, si hace méritos para ello, también pueda ser despedido.

Esperanza Aguirre explica que ha sanado de golpe a más de 2.500 funcionarios de la Comunidad de Madrid al haber retirado el complemento salarial que aportaba cuando estaban de baja. Lo mantiene, menos mal, para embarazadas y víctimas de accidentes. Para unos y otros, funcionarios y empleados en general, falta en la reforma una vía para tratar las bajas ficticias, un fraude para la Seguridad Social. Es una reclamación que procede, no tanto de los empresarios como de los empleados que sí cumplen y se ven perjudicados, a la larga, por la actitud de otros sin que nadie lo evite. Ahí hay un nicho de ahorro detectado.

Fallaron quienes pronosticaban que el Gobierno no se atrevería con la reforma laboral hasta después las elecciones andaluzas del 25 de Marzo, a la que se ha sumado la opereta asturiana de Alvarez Cascos. Había que presentar la reforma y se ha hecho, aunque el momento procesal ha sido informativamente bien elegido: en medio de la refriega por la durísima sentencia contra Garzón y bien cerca del cénit judicial del caso Urdangarín en versión balear. Es como una anestesia.

Sobre las críticas al Supremo por liquidar la carrera judicial de Garzón, el Gobierno ha salido en tromba a defender a los juzgadores, mientras algunos articulistas de la derecha linchan sin piedad al magistrado condenado. El ejemplar ex presidente valenciano Francisco Camps lo llamó ayer «delincuente», ante los medios. Soraya Sáenz de Santamaría dice que con las criticas a la sentencia se perjudica la imagen internacional de España. Es cierto. Ha sido el peor spot publicitario del país. La condena a Garzón la ha denunciado el Gobierno argentino y ha sido cuestionada en todo el mundo. ¿Tiene sentido condenar al juez instructor antes que a los acusados de gravísimos delitos? En el extranjero y en buena parte de España no se entiende.

Al calor del todo vale en la contra reforma, la Real Academia de la Historia, que parecía que iba a rectificar su juicio sobre Franco, se ratifica : El general, asegura, no fue un totalitario sino solo un autoritario. Solo que está documentado que firmó miles de órdenes de ejecución. Así que el Gobierno reforme lo que tenga que reformar, pero haría bien en controlar los excesos de los que creen que cualquier contrareforma conservadora está autorizada. Eso compromete y desdibuja su tarea.