Primer balance

Uno de los aciertos innegables de Mariano Rajoy a su llegada al poder ha sido rodearse de un equipo competente. En unos tiempos en que no van a la política los mejores, eludir las servidumbres puramente partidistas y optar por poner al frente de las responsabilidades de gobierno a profesionales sólidos, con curriculum acreditado, tiene su mérito.

Y a este gobierno ha de reconocérsele peso específico, lo que ha hecho posible poner en marcha en apenas cien días un cúmulo de iniciativas que, en líneas generales, colman las expectativas: está encarrilada la dolorosa marcha hacia la convergencia, aunque haya muchas incógnitas sobre cómo sobrevivir a la recesión en estas condiciones lamentables.

Rajoy ha tenido que trabajar bajo la presión de Bruselas, que quería ganar tiempo ya que el proceso de ajuste y de reformas se había visto inexorablemente afectado por las elecciones generales y era preciso apretar el paso. Y la respuesta española ha sido solvente: la reforma laboral, más aparatosa y radical de lo conveniente, está en vigor, y los presupuestos consolidan el gran ajuste que ya quedó insinuado el 30 de diciembre con las primeras medidas. La reforma del sistema financiero ha vuelto sin embargo a quedar desvaída y el Gobierno deberá forzar la máquina en las próximas semanas si quiere que el proceso resulte creíble.

El planteamiento es, en fin, cabal, e incluso lo reconocemos con alivio quienes pensamos que Europa debe reaccionar cuanto antes para estimular también la economía mientras tiene lugar el ajuste, puesto que la recuperación del pulso vital del país nos concierne a todos. Se le puede sin embargo reprochar a Rajoy cierto egoísmo partidista a la hora de graduar los sucesivos pasos. La decisión de aplazar la publicación de los Presupuestos hasta después de las elecciones andaluzas —aplazamiento inteligente con que Griñán quiso desmarcarse de la hecatombe del 20N— para no perjudicar a Javier Arenas, criticada por Bruselas y que llegó a poner nerviosa a la Comisión, tuvo evidentes intenciones electoralistas, y obligó al Gobierno a sobreactuar con la reforma laboral, exageradamente rigurosa.

Rajoy no ha podido evitar una huelga general. Huelga que —seamos sinceros— beneficia a ambas partes: el Gobierno ha obtenido el contraste de calidad que exhibirá con orgullo en Bruselas, y los sindicatos han constatado que mantienen fuerza suficiente para condicionar la acción gubernamental y de los demás actores políticos. De ahora en adelante, a Rajoy le interesa ir sumando apoyos a su causa, para lo cual, puesto el país en sus carriles hacia la convergencia, tendrá que ir buscando consensos internos y externos para abreviar la travesía del desierto a cuyo extremo están el crecimiento y la creación de empleo. Obviamente, no basta con buscar la condescendencia nacionalista en el Congreso de los Diputados: hablar de consenso social supone ir más allá.