Reinserción

Quién nos iba a decir que el inefable Alcaraz, flamante presidente de una asociación llamada Voces contra el Terrorismo, iba a referirse al Plan Integral de Reinserción, desvelado en Luxemburgo por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como «una forma de continuar el proceso de rendición iniciado por Zapatero». Tampoco su sucesora en la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), Angeles Pedraza, ha sido demasiado comprensiva con los planes anunciados por el ministro para conducir al buen camino a los condenados por delitos cometidos en el seno de una organización criminal. Pedraza dice que las víctimas se sienten engañadas porque el plan viene a ser «una cesión a los intereses de ETA».

Menciono los casos de Alcaraz y Pedraza porque ilustran de algún modo la torpeza del ministro al comunicar una decisión tomada con la cabeza y explicada con los pies. Era innecesario hacerles sentir incómodos por algo que no es nuevo, que ya se viene haciendo discreta e individualmente y que en ningún caso supone cambiar de política antiterrorista, burlar la ley o echar un cable a ETA. Simplemente se trata de seguir ofreciendo a sus presos la posibilidad de elegir entre la disciplina de la banda (cantos de sirena sobre una amnistía imposible) y el Estado de Derecho (beneficios penitenciarios, reinserción social). Algo que se viene aplicando en nombre de la llamada Vía Nanclares, con la vista puesta en el acercamiento a prisiones próximas al País Vasco de los reclusos que se desvinculen explícitamente de la aún no disuelta banda terrorista.

Sin embargo, el Gobierno ha presentado este Plan Integral de Reinserción como algo distinto. Puestos a buscar novedades, la más relevante se refiere a las «aulas» de preparación para la convivencia, con capítulo especial dedicado a la formación de los reclusos en técnicas y conocimientos que puedan facilitar su incorporación al mercado laboral. O sea, poner a estos criminales en la senda de los justos a base de sesiones carcelarias de educación para la ciudadanía y formación profesional. No solo a etarras, sino también a narcotraficantes, terroristas del Grapo, yihadistas y cualquier condenado por delitos relacionados con banda organizada.

Pero es evidente que todo el mundo ha relacionado esta iniciativa del Gobierno como un paso orientado a conseguir un creciente número de etarras que rompan con la banda de manera «clara, solemne y pública» ¿A cambio de qué? En ese sentido sorprende una declaración del presidente Rajoy excluyendo los beneficios penitenciarios. Si el plan no distingue al preso reinsertado del preso contumaz no hemos hecho nada. Aplíquese el mandato constitucional de la reinserción con las leyes en la mano. Y eso pasa, entre otras cosas, por dispensar un trato deferente a quienes se desvinculen de la disciplina de la banda y, por añadidura, pidan perdón a las víctimas, colaboren con la justicia y afronten su responsabilidad civil. Todo absolutamente legal.