Una estafa piramidal

Hasta no hace mucho el fantasma de la «intervención» se concretaba aquí en dos supuestos. El primero era —sigue siendo— el referido al propio Estado español en su relación con la Unión Europea, eso que en mayo del 2010 provocó el pánico de Zapatero y dos años después mantiene en vilo a Rajoy. La otra espada de Damocles era la del Banco de España pendiendo sobre las cajas de ahorro en quiebra.

En realidad, la intervención de un Estado por la UE no existe como tal medida impuesta. No está contemplada en ningún tratado. Es el propio Gobierno nacional el que, incapaz de sostener su economía, tira la toalla y pide socorro financiero a cambio de aceptar el plan de ajuste que decidan imponer los rescatadores. Ese ha sido el caso de Grecia, Irlanda y Portugal. Por el contrario, las del Banco de España han sido intervenciones en sentido estricto, decididas unilateralmente por el organismo supervisor. Las cajas de Castilla y León ya no están expuestas a ese riesgo. No porque se hayan saneado, sino porque en la práctica han desaparecido como tales cajas, pasando a ser simples actores de reparto dentro de los grupos bancarios que las han absorbido. Los rótulos que conservan sus oficinas son ya mera realidad virtual.

Liquidadas las cajas, el fantasma de la «intervención» se extiende ahora a otros ámbitos. Ha pasado a ser la amenaza favorita del Gobierno de la nación a las comunidades autónomas, las cuales a su vez empiezan a hacer lo propio con otros estamentos dependientes de ellas, por ejemplo con las universidades. No hablemos ya de la presión a las que están siendo sometidos los ayuntamientos, conminados a fusionarse por las buenas si no quieren ser disueltos y concentrados por las malas.

Es cierto que la «intervención» de una comunidad autónoma tiene soporte en la Constitución, si bien ello parecía una medida coercitiva de carácter disuasorio ante posibles actuaciones atentatorias contra la soberanía nacional. Ahora se esgrime que no reducir el déficit público en los límites fijados por el Gobierno central será motivo para decretar esa especie de «estado de excepción» territorial. Habida cuenta de que hay comunidades en situación de bancarrota que difícilmente cumplirán las exigencias, pronto sabremos si se trata o no de una amenaza fantasma. ¿Se atreverá el gobierno de Mariano Rajoy a intervenir por ejemplo la Comunidad Valenciana?

Por si acaso, de mejor o peor gana, todos los gobiernos autonómicos han asumido el recorte de 10.000 millones de euros impuesto en Sanidad y Educación, que ha sido la gran solución (?) puesta sobre la mesa para «sanear» sus cuentas. Y uno piensa que el realmente «intervenido» es el bolsillo del ciudadano, víctima última de la gran estafa piramidal disimulada bajo el camuflaje de la crisis.