Un ajuste que exige claridad y consenso

Que la situación de la economía mundial, española y leonesa es casi dramática ya nadie lo niega. Pero esta situación de dramatismo no puede ser la excusa perfecta en la que justificar cualquier tipo de medida de ajuste y, mucho menos, si esta se produce por el artículo catorce.

La crisis está poniendo en jaque prácticamente todas las estructuras de la sociedad, tal y como se conocían hasta el momento actual. Y una de ellas es la del sistema financiero, que lleva ya casi tres años en un proceso de reestructuración, que por lo pronto se ha llevado por delante las cajas de ahorro, tal y como se conocían hasta ahora.

Pero Europa sigue apretando y cada vuelta de tuerca significa un sacrificio más para poder cerrar un proceso al que es necesario ya poner fin. La Caja anuncia a los sindicatos, al albur de esas nuevas premisas más severas, recortes en los beneficios salariales de los trabajadores con los que pretende ahorrar 120 millones de euros y así salvar 800 empleos, ya que el ajuste laboral pasaría de los 1.800 empleados que sobrarían, según el plan anunciado en diciembre pasado, a los 1.000 actuales.

Los sindicatos, a dos días vista de la reunión de la mesa laboral el próximo martes en Madrid, ya han puesto el grito en el cielo. No están dispuestos a que los trabajadores sigan siendo «los paganos» de la fusión con Unicaja. Además, dejan claro que tampoco aceptarán que los sacrificios los deban hacer sólo los empleados de Caja España-Duero. La reorganización del sistema financiero es fundamental para la economía del país y la fusión con Unicaja es vital para España-Duero, pero el ajuste laboral y salarial que lleva parejo debe salir del diálogo entre las partes.

El martes, todos tienen la oportunidad de sentar las bases de ese diálogo, porque un ajuste de este calado exige claridad y, sobre todo, un consenso sin fisuras.