Se necesitan asesores

Este sería el título de un anuncio al día siguiente de haberse celebrado elecciones en cualquiera de los ámbitos (generales, autonómicas, locales), ya que los políticos elegidos necesitan de alguien que les guíe y les lleve el bastón de su ceguera intelectual. Ya en otra ocasión —y en este mismo diario— me refería a los consejeros de toda índole y condición: tal consejeros de cajas, consejos de empresas públicas, consejeros de los inanes Consejos Económicos y Social, y así sucesivamente.

Todos los organismos tienen a la vera una serie de consejos, asesores, secretarios, etc. Conozco un Ayuntamiento que creó al figura de «secretario del señor Alcalde». No, no es el clásico y ponderado Secretario de Ayuntamiento —del prestigioso, en su día, Cuerpo de Secretarios— sino de una asesora personal sobre asuntos de la política de partido. Como se verá, se entremezcla la ideología partidista con la política municipal. Es la democracia subvertida por la partitocracia.

Todas las comunidades autónomas, han creado sus Consejos Consultivos, lo que supone una pléyade de asesores. Consejeros, letrados, economistas, auxiliares, etc. Lo primero que nos preguntamos es sí los dirigentes de las distintas comunidades y los correspondientes servicios jurídicos están tan ayunos de formación que deben de consultar cada una de sus decisiones. Por ejemplo, el Consejo Consultivo de Castilla y León tiene como misión la de emitir «informes jurídicos» provenientes de la administración de la Junta y, además, «velar (…) por la observancia de la Constitución, del Estatuto de autonomía de Castilla y León y de todo el ordenamiento Jurídico». Esto quiere decir que los políticos que mandan y los asesores que les informan y sostienen jurídicamente, no es seguro de que cumplan el mandato del artículo 3 de la Ley de las Administraciones Públicas, cuyo objetivo es el «sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho», derivado del artículo 103 de la CE , que ordena a la Administración Pública que sirva a los intereses generales y sometidos a la Ley. Cuando una administración se separa de tales mandatos, debería de regir la decisión del otro poder: el judicial. Y si se vulnera el principio del sometimiento a la norma, el órgano consultivo asesora a los asesores jurídicos de la Junta, indicándoles que sea buenos chicos. ¿Y quien controla a los asesores? Si el asesor jurídico de la Junta debe de ser asesorado por otro asesor, ¿cuando se acaba la cadena? Como decían nuestros abuelos: «ganas de gastar la vela». Este Consejo se compone nada menos que de 49 empleados, de ellos 9 letrados y 7 miembros del Consejo. Todos asesorando a lo que decida el cuerpo jurídico de la Junta.

Y si el órgano consultivo se refiere al ordenamiento jurídico, existen los denominados Tribunales de Cuentas para que no se desmadren en los gastos (es igual, porque a la vista está que se ha gastado mucho más que se ingresa) y que en Castilla y León se denomina Consejo de Cuentas, compuesto por 90 empleados y que tiene como misión la de vigilar que los organismos «lo hacen de forma eficaz y cumpliendo los fines comprometidos» (Jesús Encabo Terry). Y ello, sigue diciendo su presidente, para presionar a las instituciones, pues «si el sector público no nota esa presión cercana, posiblemente se relajaría en su gestión económica y financiera». ¿Pero que clase política tenemos que necesitan una pléyade de asesores y que estos asesores son completados por otros, supuestamente más sabios? ¿Y que clase de dirigentes políticos , con sus consejeros y asesores, que deben de estar constantemente vigilados para que no dilapiden los dineros?

Y por si ello fuera poco, nos tutela el Defensor del Pueblo —en cada una de las comunidades autónomas— o el denominado en Castilla y León Procurador del Común, que tiene como misión la de proteger a los ciudadanos de las acciones de las administraciones de la Comunidad, cuando hayan vulnerado sus derechos o lesionado sus intereses legítimos. El complejo burocrático lo componen 33 personas, de ellas con estudios jurídicos por lo menos 14, que tramitaron en el año 2011, 2.446 quejas de entre todas las provincias de la Comunidad. Protestas o quejas que tienen un variado perfil y algunas tan peregrinas como la situación de las instalaciones de un colegio, ayuda a jóvenes arrendatarios, intensificación de programas de fomento de alquiler, ordenación de venta ambulante, retraso en el procedimiento arbitral de consumo, etc. Tales quejas no se sabe muy bien si pertenecen a la esfera de los derechos o a la organización administrativa. Se confunde el derecho de petición que permite la CE en su artículo 29 y que, en este caso, se duplica burocráticamente.

Como se puede apreciar el ciudadano está —aparentemente— hiperprotegido y avalado para que los políticos poco formados o descuidados en su labor —cuando no negligentes— se sometan a las leyes. Por lo que se deduce, el acceso a la función política, no está regida por el sentido de Estado en la más amplia acepción de la palabra sino por el acceso a un lugar que está rodeado de asesores, cuya misión lejos de ser técnica se somete a la ideología del correligionario. No son los intelectuales, a los que se debería consultar sobre el devenir de la sociedad, sino el elenco de políticos, asesores de la política. No intelectuales de la realidad, sino mandatarios de una aparente misión proteccionista, burocratizada, a veces indolente. Y es hora de preguntarse: ¿Dónde están los intelectuales? Y habrá que contestarse con Unamuno: «… no hemos de desdeñar s los hombres llamados más propiamente intelectuales, la gestión de negocios públicos…»