La metástasis de las cajas

El petardazo de Bankia ha removido las espesas aguas de las cajas de ahorro, ese charco de ranas en el que siguen chapoteando los mismos políticos responsables de que se haya dilapidado el patrimonio común y la función social de dichas instituciones.

La mal llamada «nacionalización» de Bankia se ha llevado por delante a Caja Ávila y Caja Segovia, las dos cajas provinciales de Castilla y León que habían ligado su futuro al de Caja Madrid. Salvo las prebendas obtenidas por sus presidentes, a los que Rato premió con sendos puestos en el consejo de administración, el único beneficio de esa operación era el de preservar el futuro de la obra social, algo que ahora nadie garantiza.

Pese a ser destacados connotados miembros del PP, el presidente de la Junta ha arremetido contra los responsables de dichas cajas provinciales, reprochándoles que en su momento dieran la espalda a la estrategia sobre fusiones diseñada por el gobierno autonómico. Así fue, pero Juan Vicente Herrera detiene la moviola en esa secuencia, sin acordarse de otras posteriores. Por ejemplo, de la ulterior reforma de la Ley de Cajas que otorgó a la Junta derecho a vetar las fusiones contrarias al interés general de la comunidad. Con esa prerrogativa en la mano, el gobierno Herrera pudo vetar la integración de Caja Ávila y Caja Segovia en Bankia. Y sin embargo no lo hizo; al contrario: dio su visto bueno a la operación. Y exactamente lo mismo ocurrió con la integración de Caja Burgos en Banca Cívica, grupo éste absorbido mas tarde por Caixabank.

Cierto es que las mencionadas cajas provinciales han seguido el camino hacia ninguna parte, pero ello no quiere decir que el marcado por el Gobierno autonómico condujera a mejor destino. La mejor prueba de ello es la crítica situación en que se encuentra Caja España-Caja Duero, la entidad resultante de una fusión controlada de principio a fin por la Junta y el PSOE de Castilla y León. Por si fueran poca hipoteca los 1.000 millones de euros solicitados al FROB, la provisión de fondos (otros 800 millones) impuesta por la nueva reforma financiera anula cualquier margen de maniobra. Las opciones se reducen a dos: Diluirse ya del todo en Unicaja (a su vez abocada a otra inmediata fusión) o, en su defecto, ser «nacionalizada» por el FROB si éste decidiera convertir sus prestamos en acciones. No hay más cera que la que arde.

Y otra buena prueba de que la constitución de una caja única de Castilla y León no hubiera conducido a nada la tenemos en Galicia, donde la estrategia de Núñez Feijoo ha desembocado en un banco absolutamente inviable del que el Estado ha tenido que hacerse cargo del 93% de su capital. El mal no tenía remedio. Cuando se quiso detectar el cáncer contraído por las cajas, la metástasis ya era incurable.