Racionalizar la Universidad

El Consejo de Universidades de Castilla y León decidirá en un plazo muy corto como será el mapa de titulaciones universitarias de la región. Esto ha provocado, como es lógico, gran expectación ante la posibilidad de que haya cambios importantes en el actual reparto de enseñanzas y centros universitarios. El criterio que parece ser determinante en esta reordenación es el número de alumnos de nuevo ingreso en los Grados, muchos aun en proceso de implantación, y en los Postgrados, algunos en fase de diseño.

Parece un criterio simple, que cualquier ciudadano puede entender, especialmente cuando se une a la idea de que hay títulos «repetidos», que se pueden estudiar en distintas universidades, dentro y fuera de la comunidad. Además, se ha vinculado de forma muy directa el número de alumnos matriculados con la idea de viabilidad económica, recurriendo al manido y poco apropiado término de «rentabilidad».

No creo que nadie se cuestione que las universidades públicas y privadas de Castilla y León se deben organizar para reordenar recursos y potenciar sus especializaciones. Esto es algo que se echó en falta en el inicio de la transformación al espacio Europeo de Educación Superior (Eees), lo que supuso perder una oportunidad magnífica para especializarnos, oportunidad que ahora llegará con el calzador de la crisis en la mano.

Además, si en algún lugar es complicado organizar un asunto como éste, ese es Castilla y León, región con grandes desequilibrios demográficos y de actividad económica. Así, según el Instituto Nacional de Estadística, la comunidad ha ganado 50.000 habitantes en los últimos 15 años, pero en ese mismo periodo la provincia de León ha perdido casi 20.000. En la proyección de cifras para el año 2020, solamente la provincia de Valladolid mantendrá su población mientras en las restantes provincias se experimentará un descenso considerable.

Entre las universidades de la región se da, por si fuera poco, una heterogeneidad relevante en cuanto a tamaños y a estructuras de gobierno, de centros y campus, que dificulta el establecimiento de políticas sencillas.

El problema es complicado y para resolverlo es preciso poner sobre el tapete datos claros sobre el ahorro real que pueden acarrear medidas de supresión de títulos o de fusión de centros que están ahora en el candelero. El ahorro puede ser muy diferente en función de que se puedan eliminar o no costes fijos, (instalaciones o edificaciones), y profesorado contratado. Además, es preciso valorar las consecuencias negativas colaterales, que pueden venir dadas por la afección a la actividad investigadora y las relaciones con empresas e instituciones de diversa índole.

Un ejemplo de actualidad en esta problemática, y trascendente para la economía regional, es el caso de las enseñanzas de Ingeniería Agraria y Forestal. En España existen más de 40 centros que ofertan enseñanzas de grado en estas áreas. En Castilla y León todas las provincias, excepto Segovia, disponen de oferta de titulaciones agrarias y/o forestales, sea en universidades públicas o en privadas. Ninguno de los grados, salvo el impartido en Salamanca cumpliría el criterio anticipado por el ministro Wert (un mínimo de 50 alumnos de nuevo ingreso). El resto de grados se mueve, desde su implantación, en números anuales claramente inferiores a esa cantidad, considerada por el Gobierno como uno de los posibles criterios de viabilidad.

Las ingenierías agrarias en la región se han gestado a partir de las escuelas tradicionales de León primero, y de Palencia después, que nacieron como Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica, y que han sido de alguna forma víctimas de su propio éxito en épocas pasadas de mayor demanda por parte de los estudiantes.

En el momento actual, estas enseñanzas han quedado apartadas de las corrientes de «moda» en la elección de titulaciones a pesar de haber mantenido buenas cifras de inserción laboral, lo que explica también la tendencia decreciente en el número de alumnos matriculados. Además, la oferta formativa actual se basa en un sistema de especialización en el primer ciclo característico de las ingenierías en España y poco adecuado al mercado actual. Por desgracia, este sistema se ha mantenido en los actuales grados y ha creado una enorme dificultad en el diseño de títulos, obligando a los centros a mantener una diversificación de la oferta basada en las antiguas especialidades de la profesión, y atomizando la distribución del alumnado de nuevo ingreso.

Además, la historia reciente de desarrollo del sector agroalimentario ha servido para justificar la implantación de centros y titulaciones en ciudades pequeñas dentro de áreas despobladas como Ponferrada, Zamora o Soria, que padecen ahora esa falta de «tirón» de lo agrario. En estos casos, todos ellos con titulaciones comprometidas en cuanto a número de alumnos, es necesario un análisis riguroso de las posibilidades reales de reducción de costes y de las consecuencias de tal ahorro. Cualquiera de estos centros han desempeñado y desempeñan un papel coherente con las necesidades de desarrollo de su entorno, no solo con la formación de profesionales, sino con su vinculación de una u otra forma al tejido productivo.

Sabrá el lector sin duda, que hablamos de un sector agroalimentario y forestal considerado estratégico, no solo por ser el primero en importancia en cuanto a producto bruto en la región, sino porque ha demostrado además, según datos de la propia Junta, una menor sensibilidad a la destrucción de empleo y un mayor potencial de crecimiento a medio y largo plazo.

La Consejería de Educación ha utilizado el mejor término posible para definir la necesidad urgente de la universidad: racionalización. Disponemos, en estos momentos de una oportunidad para situar a la universidad de Castilla y León en el camino que le lleve a un buen futuro. Nunca habrá tanto acuerdo en la comunidad universitaria por la necesidad de replantar nuestra estructura de funcionamiento y nuestra labor, y nunca habrá tanta disposición a la colaboración por parte de sus gestores. Pero esta oportunidad se quedará en nada si no somos capaces de ver más allá de la necesidad imperiosa de recorte. Si en esa urgencia con que nos aprieta la realidad comprometemos las funciones básicas de la universidad, desaprovecharemos el papel generador de conocimiento que cualquier sociedad espera de su universidad, y más cuando se trata de una crisis como la actual, también económica.