Disciplina prusiana

Bajo la espada de Damocles de ser «intervenidas» por el Estado, las comunidades autónomas no han tenido otro remedio que someterse a planes de ajuste que garanticen la contención de su déficit al 1,5% exigido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Sin embargo, ni todas partían del mismo punto —Castilla-La Mancha cerró el 2011 con un 7,30% mientras la Comunidad de Madrid lo hizo con un 1,13—, ni todas han utilizado las mismas recetas para cuadrar esas cuentas.

Mientras las gobernadas por el Partido Popular han secundado sin fisuras las directrices del Gobierno Rajoy y no han dudado en reducir gasto en Sanidad y Educación, otras han preferido aplicar la tijera a otros capítulos o incrementar la presión fiscal. Ha sido el caso del nuevo Gobierno andaluz, que ha bajado el sueldo a sus funcionarios al tiempo que ha incrementado los tramos más altos del Impuesto sobre la Renta. Caso aparte es el de Cataluña, que sigue llevando más lejos que nadie sus tijeretazos a los servicios públicos.

El resultado es que los españoles ni somos iguales ante Hacienda ni recibimos los mismos servicios. Ambos factores —que por otra parte no guardan relación directamente proporcional— están en función de la comunidad en la que residamos, sin olvidar tampoco lo mucho que a su vez oscila la fiscalidad municipal. La crisis no nos iguala, ni siquiera por abajo.

No obstante, si de algo está sirviendo esta extrema penuria de las arcas públicas, es para clarificar las siempre opacas cuentas de las distintas administraciones. Hasta ahora los presupuestos públicos, igual los del Estado que los de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, eran pura ficción contable. Todos inflaban artificialmente el capítulo de ingresos para poder gastar a discreción, sin que importara lo mas mínimo el inevitable déficit posterior. El desfase se solucionaba después a base de endeudamiento y santas pascuas, o, lo que es lo mismo, el que venga atrás que arree.

El control impuesto por el Ministerio de Hacienda —que, no se olvide, lo es también de Administraciones Públicas— obliga a autonomías, diputaciones y municipios a elaborar presupuestos rigurosos, basados en ingresos creíbles y en gastos tasados. Toda una novedad a la que nadie estaba acostumbrado y que permite por primera vez conocer los verdaderos estados de cuentas y la distribución real del gasto, sin los artificios contables utilizados hasta ahora para camuflar la discrecionalidad presupuestaria de los gobernantes de turno. De paso, cerrada la barra libre del endeudamiento sin límite, se acabó esa cultura tan arraigada de disparar con pólvora del Rey. Al menos eso sacamos en limpio de la disciplina prusiana impuesta desde Alemania.